Quienes integramos el área de Educación en Contextos de Encierro del Observatorio de la Enseñanza del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante la gravísima situación que atraviesanlas personas privadas de libertad en cárceles y comisarías de la Provincia de Buenos Aires, muchas de las cuales son estudiantes de esta casa.

Un sistema penitenciario con cupo para 28.810 personas que aloja a 48.827 en agosto del corriente, está a las luces colapsado y atentando contra los principios más elementales de vida digna.

Sumado a las condiciones de detención se encuentra el hecho de que casi la mitad de la población detenida no tiene sentencia firme, observándose de modo ostentoso el incumplimiento de obligaciones constitucionales e internacionales.A su vez, debe considerarse la casi nula utilización de la prisión domiciliaria asícomo el bajo porcentaje de personas que pueden acceder a  la libertad condicional.

Desde este observatorio no podemos dejar de mencionar tampoco las dificultades que tienen nuestrxs estudiantes para sostener sus trayectos educativos (elevadísimas tasas de ausencias a mesas examinadoras por falta de móviles, denegatorias para concurrir a cursadas con sistemas monitoreados, etc.), vulnerándose sistemáticamente el derecho a la educación.

El crecimiento espiralado de la prisionización en la Provincia de Buenos Aires y la sobrepoblación así como las graves condiciones de detención constituyen una sistemática, sostenida y generalizada violación a la integridad personal.

Recordamos también que el derecho a peticionar a las autoridades es uno de los pilares de los sistemas de derechos humanos. En tal sentido, la medida de fuerza  consistente en una huelga de hambre pacífica que se encuentran desplegando PPL en varios penales del SPB es el corolario de numerosos intentos previos de búsqueda de instancias de diálogo respetuosas de los canales de comunicación creados para el caso.Cualquier intento por obstaculizar este reclamo o agravar las situaciones de detención –vrg. traslados a otras unidades- de aquellas personas que se encuentran peticionando atentará contras las garantías básicas de un estado de derecho. En consecuencia, las autoridades deberán evitar cualquier hecho que tienda a obstruir el reclamo pacífico que este colectivo de personas está llevando adelante.

La situación apremia. Es por ello que solicitamos a las autoridades provinciales de los tres poderes del Estado que tienen competencia, arbitren los medios necesarios para que cese la situación antes descripta y hallen una pronta solución al conflicto.