Encuentro Virtual nº 2

Hola! Les proponemos para esta actividad, retomar el cuadro con el que trabajaron durante la clase pasada y la bibliografía obligatoria y responder:

¿Cuales son las categorías teóricas propuestas que han tenido mayor relevancia en el texto normativo que analizó su grupo? 

Esta actividad podrán realizarla individualmente o en pareja. Por favor, procuren no repetir categorías conceptuales al interior del grupo a fin de enriquecer el debate.

Plazo máximo de participación en el blog hasta el jueves 2/03 a las 23:59 hs.

Esperamos sus aportes para comenzar nuestro diálogo e intercambio en torno a la temática planteada.

Nos leemos!

30 comentarios sobre “Encuentro Virtual nº 2”

  1. En mi grupo nos tocó la ley 2302, la cual tiene por objeto la protección integral del niño y del adolescente como sujeto de derechos. Se plantean conceptos de niño y adolescente, las diferentes garantías y derechos, las políticas públicas, y temas relevantes de la justicia (como los órganos, la competencia de dichos órganos, procedimiento civil, etc).
    Principalmente, resaltar la diferencia de ésta ley con la ley 22278, que acorta muchísimo en términos de derechos del niño y adolescente.
    Y con respecto a la última clase, destacar las categorías de Gobierno, presente en la ley, como Ente, quien debe respetar y asegurar la aplicación de los derechos del niño sin distinción alguna. Y gubernamentalidad, que la relaciono con los dispositivos de seguridad en las medidas excepcionales que menciona la ley; que ejercen cierto control a un sector de la población (niños y adolescentes). Y con esto, relacionar con la categoría de disciplina; que se quiere controlar los cuerpos de los jóvenes, no solo el Gobierno, el Estado, las instituciones, la propia familia; que los jóvenes son juzgados, criticados, hasta prejuzgados. Que los adultos siguen teniendo una visión dual del joven: uno que estudia, que consigue un trabajo, realiza actividades, etc. Y otra, que se necesita controlar, que no estudia, que no trabaja, y que no piensa en el futuro. Y esto incluso pasa en nuestras propias familias, que se espera que estudiemos, que realicemos varias actividades, que consigamos un trabajo, tengamos una relación, y formemos una familia; y que si no seguís esas normas sufrís críticas. Estas tres categorías se interrelacionan en esta ley, aunque se para en el frente de la protección integral, y que abarca mucho más que la ley 22278.

  2. Actividad virtual Nº 2:

    Con mi compañera nos enfocamos en la Ley Nº 13.634 y sus respectivas modificaciones. Pudimos reconocer algunos aspectos de significancia para el debate que propone el Seminario y coincidimos en remarcar los siguientes ítems para ampliar la discusión:
    En enero de 2007 se promulga la ley realizando importantes cambios en el tratamiento de la infancia en los organismos judiciales y administrativos de la provincia de Bs As.
    La ley es complementaria de la Nº 13.298 y consta de 10 artículos divididos en 3 títulos:
    1- Principios generales del fuero de familia y del fuero penal del niño.
    2- Fuero de familia
    3- Fuero de responsabilidad penal juvenil.
    El fuero de familia modifica su conformación, adoptando la universalidad y creando los juzgados de familia, y recibiendo la competencia civil de los tribunales de menores; reconociendo como antesala de las políticas sociales la intervención de los servicios de promoción y protección integral de derechos creados en la ley Nº 13.298
    En el fuero de menores, la modificación arrasa con la fase asistencial y le otorga los principios del debido proceso al fuero penal, incorporando al fiscal y el defensor del joven, creando los jueces de garantías y los juzgados de responsabilidad penal juvenil.
    El niño tiene derecho a ser oído en cualquier etapa del proceso, a expresar sus opiniones y a que estas sean tenidas en cuenta, considerando su desarrollo psicofísico. En caso de que el niño esté por nacer, ejercerá este derecho la madre. El juez garantizará este derecho.
    Queda prohibida la difusión de la identidad de los niños sujetos de actuaciones administrativas. El niño que infrinja la ley, debe ser tratado de manera tal que se fomente su sentido de dignidad y valor, fomentando los DDHH.
    La internación y cualquier otra medida de alojamiento tendrán carácter excepcional, utilizado como último recurso y por el tiempo más breve posible.
    En lo que respecta a los fueros de familia, se disuelven los distintos departamentos judiciales y tribunales de familia, transformándose en juzgados de familia.
    Los juzgados de familia estarán integrados por un juez, un consejero de familia y un equipo técnico auxiliar interdisciplinario.
    El niño sujeto a proceso penal gozará de todos los derechos y garantías reconocidas a los mayores y tendrá derecho a:
    * Ser informado de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, del derecho a no declarar contra sí mismo y a solicitar la presencia de un padre o defensor.
    * No ser interrogado por policías o militares.
    * Que la privación de la libertad sea una medida de último recurso x el periodo más breve posible en instituciones específicas para niños a cargo de personal capacitado.
    La principal reforma que realiza la ley Nº 13.634 se cristaliza en el proceso penal juvenil, ya que no se trata de una ley más de infancia que modifica cuestiones de competencia o recursos. Es mucho más que ello. Establece un real sistema procesal penal derogando el sistema de patronato de menores, en sintonía con las garantías constitucionales y el derecho internacional.
    Para conflictos jurídicos penales donde el imputado sea menor de 18 años, se prevé una investigación penal a cargo del agente fiscal especializado, y la prisión preventiva solo de forma excepcional y por causas graves, no pudiendo pasar 180 días en esta condición.

  3. A mi grupo le correspondió la Ley 13.634. Debatimos principalmente en torno a las consignas planteadas por las docentes. En cuanto a si se manifiesta el interés superior del niñx mencionábamos que aparecen las garantías y derechos de lxs niñxs en el proceso penal. El interés superior del niño será una consideración primordial en todas las decisiones que se adopten en el contexto de la administración de la justicia juvenil. Se resalta la diferencia entre los niñxs y los adultos, tanto en su desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas – diferencia básica en la que halla sustento la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia. Precisa que las diferencias entre los adultos y los niños justifican la existencia de un sistema separado de justicia juvenil y hacen necesario dar un trato diferente a los niños. La protección del interés superior del niñx significa, por ejemplo, que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, represión/castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trate de menores delincuentes. Pero esto a su vez está en tensión, puesto que aparecen medidas de disciplinamiento, como veníamos charlando en relación a Foucault, puesto que en las medidas más restrictivas aparece el control de los cuerpos, citando la ley 13634:
    ARTICULO 42. Podrá imponerse al niño imputado, previa audiencia oral ante el Juez de Garantías del Joven, con la presencia del Agente Fiscal y del Defensor del Joven una (1) o más de las siguientes medidas cautelares:
    a) Prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que el Juez determine;
    b) Prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares;
    c) Prohibición de aproximarse al ofendido, a su familia o a otras personas;
    d) Prohibición de comunicarse con determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;
    e) Obligación de concurrir periódicamente al Tribunal o ante la autoridad que el Juez determine;
    f) Arresto domiciliario;
    g) Prisión preventiva.

    A su vez, en esta ley también aparecen medidas alternativas, las cuales están mencionadas en el Art. 78, y que tienen una mirada favorable hacia lxs niñxs, en cuanto aportan a la “inserción” de ese niñx en la vida social, pero a su vez en estas medidas se evidencia el encadenamiento de conductas a la lógica de vulnerabilidad o necesidad (control y sanción), es decir, la ley parte de realizar una determinada discriminación hacia como se debe ser niñx, y por esto de alguna manera, termina criminalizando en especial a lxs niñxs de la calle, en donde consideran como delitos, por ejemplo, el vagabundeo, el absentismo escolar, las escapadas del hogar y otros actos que a menudo son consecuencia de problemas psicológicos o socioeconómicos. Esos actos, también conocidos como delitos en razón de la condición, no se consideran tales si son cometidos por adultos.

  4. En mi grupo nos tocó la Ley 22278 “Régimen Penal Juvenil”, esta Ley fue modificada por la Ley 22803.
    Esta Ley hace referencia a que no es punible el que no haya cumplido 16 años de edad y aquel menor de 18 años que no haya cometido delitos de acción privada o reprimidos con pena privada de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación.
    En los artículos correspondientes de la Ley, en ningún momento hace referencia al menor como sujeto de derecho, a diferencia de las nuevas leyes mencionadas por las compañeras en la cual se considera al menor como sujeto de derecho.
    Tomando los textos vistos durante el seminario, con respecto a la categoría disciplina se definió en la clase según el Autor Foucault, como el Arte del Cuerpo. Una de las cosas que tomo de este texto es cuando dice “el castigo disciplinario tiene por función reducir las desviaciones. Debe, por lo tanto, ser esencialmente correctivo”. Luego menciona que el castigo y la disciplina tienen una doble función el de gratificación y sanción, a esto la podemos relacionar con la Ley de la cual mencionamos anteriormente con uno de los artículos que de acuerdo a su conducta se podría ver qué tipo de tratamiento se podría seguir.
    Por ultimo quiero mencionar que me pareció importante el a porte de la compañera cuando habla de la gubernabilidad relacionada con la Ley que le toco debatir.

  5. Con respecto a ley 2302, que tiene por objeto la protección integral del niño y del adolescente como sujeto de derechos, que a la vez dice en su art. 3 que la aplicación e interpretación de la presente Ley, de las demás normas y en todas las medidas que adopten o intervengan instituciones públicas o privadas, así como los órganos administrativos o judiciales, será de consideración primordial el interés superior del niño y del adolescente. Así mismo se entenderá por interés superior del niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de sus derechos. El Estado lo garantizará en el ámbito de la familia y de la sociedad, brindándoles la igualdad de oportunidades y facilidades para su desarrollo físico, psíquico y social en un marco de libertad, respeto y dignidad. Su objetivo esencial es la prevención y detección precoz de aquellas situaciones de amenaza o violación de los principios, derecho y garantías del niño y del adolescente. Removerá los obstáculos de cualquier orden que limiten de hecho la efectiva y plena realización de sus derechos y adoptará las medidas de acción positivas que lo garanticen.
    Con respecto a la clase correspondiente a la unidad 4, se pueden asociar a conceptos tales como: Gobierno, presente en la ley, garantizando a los niños y adolescentes gozar de sus derechos y también prevenir situaciones que demuestren lo contrario. Por otro lado el concepto de gubernamentalidad, que vendrían a ser los dispositivos de seguridad en las medidas excepcionales que menciona la ley; que ejercerían cierto control al sector de la población de niños y adolescentes.
    La disciplina que se constituiría como un arte del cuerpo a través de un trabajo sobre este último a partir de diferentes técnicas y herramientas de control, en este caso sobre los niños y adolescentes. Desde el Gobierno, el Estado, las instituciones, los medios de comunicación, etc; se espera en los jóvenes un “futuro ideal” que no todos llegarían. La disciplina seria la formación social desde el control social sobre nuestros cuerpos, por ejemplo, desde la escuela se espera del joven una trayectoria escolar que finalice en la universidad y trabajar profesionalmente de lo que uno se recibiría. Lo que quiero resaltar es que este ideal no es la realidad de todos los niños y jóvenes, que estos no tienen todos las mismas posibilidades y que muchas veces se juzga al que no llega a esas expectativas ajenas; y estos ajenos a la vida cotidiana de los niños y jóvenes llegan a decisiones de controlar e introducir mecanismos de sanción.

  6. Con mi grupo analizamos la ley 22278 Régimen Penal de Minoridad, sancionada en el año 1980, casi 10 años antes de que nuestro país ratificara la convención internacional de derechos del niño. Esta ley se inscribe claramente en el paradigma de situación irregular.
    En este paradigma el niño, niña y/ adolescente resultan ser objetos de derecho, es decir personas sin capacidad/ posibilidad de poder expresar sus inquietudes y necesidades. Es decir, no se promueve el interés superior del niño como sujeto de derechos, tal como expresa Cillero Bruñol eran personas prácticamente ignoradas por el derecho y solamente se protegían jurídicamente las facultades de los padres. Los intereses de los niños eran un asunto privado, que quedaba fuera de la regulación de los asuntos públicos.
    El estado se transformaba en protector- corrector fundamentalmente hacia niños de familias “carecientes” teniendo como respuesta asistencialista la intervención de los tribunales y los orfanatos. Es decir, el estado brindaba una imagen paternalista bajo la premisa de “protección” de aquellos niños, niñas y adolescentes que se encontraban en “riesgo moral y material”. Por otro lado, bajo este paradigma el Estado reemplaza a la familia cuando considera desde sus agentes, que esta no reúne las condiciones materiales y morales para atender a los niños/as; responsabiliza a la familia de todos los problemas del mismo.
    Bajo el régimen penal de minoridad las categorías de control social y disciplinamiento, trabajadas en el seminario, se ven en los controles que se ejercen sobre estos niños/as a través de un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los cuerpos.

  7. Interés superior

    Artículo 4: Se entenderá por interés superior del niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de sus derechos. el Estado lo garantizará en el ámbito de la familia y de la sociedad, brindándoles la igualdad de oportunidades y facilidades para su desarrollo físico, psíquico y social en un marco de libertad, respeto y dignidad. Su objetivo esencial es la prevención y detección precoz de aquellas situaciones de amenaza o violación de los principios, derecho y garantías del niño y del adolescente. Removerá los obstáculos de cualquier orden que limiten de hecho la efectiva y plena realización de sus derechos y adoptará las medidas de acción positivas que lo garanticen

  8. A nuestro grupo le toco la ley 2302 (Ley de Protección Integral de Niños y Adolescentes), la cual menciona en el artículo 4 el interés superior del niño, entendiéndolo como la máxima satisfacción, integral y simultánea de sus derechos. El Estado lo garantizará en el ámbito de la familia y de la sociedad, brindándoles la igualdad de oportunidades y facilidades para su desarrollo físico, psíquico y social en un marco de libertad, respeto y dignidad. Su objetivo esencial es la prevención y detección precoz de aquellas situaciones de amenaza o violación de los principios, derecho y garantías del niño y del adolescente. Removerá los obstáculos de cualquier orden que limiten de hecho la efectiva y plena realización de sus derechos y adoptará las medidas de acción positivas que lo garanticen.
    Además, retomamos el debate de la clase anterior, sobre la baja de la imputabilidad, relacionándolo con dicho artículo, ya que nosotras creemos que, si se llaga a aprobar la baja de la imputabilidad, no se estaría cumpliendo con el interés superior niño y de los adolescentes, y el Estado no estaría cumpliendo su función de garantizarles los derechos a estos mismos. Además se menciona en la ley, en el artículo 7, que el Estado va a garantizar que se cumplan todos los derechos y garantías hacia los niños y adolescentes.
    Haciendo referencia a lo anterior, nosotras creemos que en el supuesto caso que se llegue a un acuerdo en cuanto a la baja de imputabilidad, se tendría que cumplir con las medidas excepcionales, siendo estas, a diferencia de la sanción, medidas alternativas que contribuyen al desarrollo del propio niño y adolescente, no estando estandarizadas, sino que uno como profesional, tiene que construirlas con el niño, siempre en el marco del interés superior del niño.
    En cuanto a la noción de sanción que manifiesta dicha ley podemos encontrar como última alternativa la privación de libertad del niño, pero como medida mas fuerte que se tiene hoy en cuenta en la discusión de la baja de imputabilidad, se toman en cuenta estas medidas alternativas, aunque esta ley sigue arrastrando conceptos e ideas de la Ley de Patronato.

  9. Nuestro grupo trabajo a partir de la Ley 22278 – Régimen Penal de la Minoridad
    Promulgada el 25/08/80, en ese sentido consideramos que lo tutela se dispone en distintos artículos, y en ese sentido retomamos el “Art. 11.- Para el cumplimiento de las medidas tutelares las autoridades judiciales de cualquier jurisdicción de la República prestarán la colaboración que se les solicite por otro tribunal y aceptarán la delegación que circunstancialmente se les haga de las respectivas funciones.” Art. 2.- Es punible el menor de dieciséis a dieciocho años de edad que incurriere en delito que no fuera de los enunciados en el artículo 1.
    Texto conforme a la ley 22803. En esos casos la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso y deberá disponerlo provisionalmente durante su tramitación a fin de posibilitar la aplicación de las facultades conferidas por el artículo 4.
    Cualquiera fuese el resultado de la causa, si de los estudios realizados apareciera que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador.
    Por otro lado las medidas alternativas se relacionan y desarrollan en todos los artículos como privativas de la libertad, ya sea en institutos cerrados
    Art. 10.- La privación de libertad del menor que incurriere en delito entre los dieciocho años y la mayoría de edad, se hará efectiva, durante ese lapso, en los establecimientos mencionados en el artículo 6., CABE DSTACAR QUE CUANDO SE TRATE DE ADOLESCENTES DE HATA 16 AÑOS DE EDAD, LA ALTERNATIVA EXPRESADA EN LA LEY SE BASA EN INSTITUTOS ESPECIALIZADOS.
    Es por ello que consideramos que no se tiene en cuenta el interés superior del niño. Es por ello que consideramos importantes los aportes de Mary Beloff con su definición de adolescentes basado en la idea d sujeto de derecho:
    “Antes de cumplir los 18 años son ciudadanos y por lo tanto, el Estado les debe ofrecer toda la protección que por su situación de ciudadanos tienen, toda la inclusión que sea posible en un Estado democrático. Nosotros sabemos que el ocio, la falta de trabajo, la falta de educación y de políticas incentivan el delito. No se puede seguir pensando que si se continúa aplicando “mano dura” con los niños, vamos a solucionar el delito. Hay que generar otro tipo de políticas para la inclusión de esos ciudadanos que tienen condiciones especiales, ya que son ciudadanos igual que todos.”

    ROCIO BERNAL
    LUCIA CEDEÑO
    AGUSTINA FONSECA
    DANA DURAN

    1. Chicas. El trabajo debe ser realizado hasta dos integrantes. Por favor, fíjense como se divide el grupo y nos mandan el trabajo que falta. Muchas gracias.

  10. Actividad virtual N° 2:

    Me toco la Ley 22278, la cual establece el régimen penal aplicable a los menores incursos en delitos. Según esta Ley no es punible el menor que no haya cumplido catorce años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitcion.
    Según lo expuesto en esta Ley y en relación a lo trabajado en el seminario, siguiendo los aportes de Foucault, la disciplina esta constituida por un trabajo sobre el cuerpo a partir de diferentes técnicas y herramientas de control. Aparecen medidas de disciplinamiento sobre el control de los cuerpos. Esto se puede relacionar con lo expuesto en diferentes artículos de la Ley, que detallan y hacen referencia a los pasos a seguir si se diera el incumplimiento de la misma, mas específicamente en el articulo 4 que se mencionan las imposiciones de pena respecto del menor y los requisitos a seguir. Citando la Ley 22278 ARTÍCULO 4º Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa.

  11. Los mecanismos enmarcados en el complejo tutelar, como lo plantea Bruñol, fueron incapaces de abordar aquello relacionado al sistema punitivo, por lo que contribuyeron a aumentar la marginalidad y el control penal encubierto hacia un sector de la infancia considerados en situación irregular.
    El modelo de la protección integral, que surge de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales como por ejemplo las Reglas de Beijing, establecieron el principio de interés superior del niño, entendido éste como la plena satisfacción de sus derechos, en un marco de libertad, respeto, dignidad, para lograr el desenvolvimiento de sus potencialidades, y el despliegue integral y armónico de su personalidad en tanto personas en proceso de desarrollo. En concordancia con lo antes planteado, se declara en la provincia de Buenos Aires la ley 13634, la cual en sus disposiciones generales indica como principios rectores para la interpretación y aplicación de las normas del proceso penal: la protección integral de los derechos del niño, su formación plena, la reintegración a su familia y en la comunidad, la mínima intervención, la subsidiariedad, la solución de los conflictos y la participación de la víctima, también que el niño asuma una actitud constructiva y responsable ante la sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas.
    La CIDN reconoce que el sistema de garantías creado por el sistema penal es el mejor mecanismo para lograr controlar y limitar “el poder punitivo” del Estado y donde además los niños no podrán ser privados bajo ningún punto de vista de estas protecciones. Se desprende, entonces, que siempre se tomará aquella medida que asegure la máxima satisfacción de los derechos que sea posible y su menor restricción implicando una disminución de las instancias penales en materia de derecho penal juvenil. En relación a esto, Bruñol, plantea que existe una contradicción entre el interés superior del niño y la responsabilidad penal, entendiendo que de todos modos pueden complementarse siempre y cuando se considere que los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no que los conculquen . La ley contempla medidas alternativas a la privación de la libertad. Asimismo, la misma autora, hace referencia a la celeridad y el compromiso de los gobiernos para cambiar leyes pero no así ante la ausencia de todo aquello para implementarlas, no pudiendo y no debiendo entonces el ámbito jurídico suplir las deficiencias de los sistemas de protección de niñez y adolescencia, en cuanto a soporte institucional y recursos varios; ámbito que en la provincia de Buenos Aires depende del poder Ejecutivo. Así como lo plantea la autora, en esta provincia, los diseños y características de las instituciones se mantienen en gran medida, de la legislación anterior, así como también la falta de recursos y de nuevos abordajes en el marco del modelo integral, dificultando, aunque con su complejidad y sus falencias, la implementación de la ley en el marco del interés superior del niño y del sujeto como sujeto de derecho.

  12. A nosotras nos tocó la Ley 22278, Régimen Penal de la Minoridad, la cual establece dos categorías, los menores de edad entre 16 y 18 años, y los menores de edad de 16 para abajo, los cuales se establece que son inimputables y no punibles. Una vez que se compruebe que el jóven es menos de 16 años, se cierra el expediente penal y se abre un expediente tutelar, esto se dispone en el Artículo 1° de la ley 22278.
    Si se comprueba que el “menor” de 16 años sufre daño material o moral se ordena la privación de la libertad como forma de “protección”.
    A diferencia, la ley de infancia 26061, promulgada en 2005, prohibe la privación de la libertad como forma de “protección”. En esta nueva etapa, de discución sobre la baja, ya no se trata de proponer la baja de imputabilidad y aumento de la pena, sino que se trata de destruir las garantias y las culturas de las garantias, vinculadas con los menores de edad, para utilizar la privación de la libertad no como respuesta del Estado frente a hechos graves que comenten los menores de edad, sino como políticas sociales reforzadas para los jóvenes pobres.
    El objetivo de no bajar la edad de imputabilidad, consiste en que todo recurso sea derivado a la prevención y protección, poner todos los recursos del Estado para que el niño no entre en el sistema penal mediante medidas alternativas a la privación de la libertad.
    El ART 5° de la ley 26061 establece la “RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL. Los organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal.
    En la formulación y ejecuión de políticas públicas de su prestación, es prioritario para los organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que la garanticen.
    Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituyente un acto contrario a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.
    Las políticas públicas de los organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
    La prioridad absoluta implica:
    1- Protección y auxilio en cualquier circunstancia.
    2- Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los interéses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas.
    3- Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas.
    4- Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que la garanticen.
    5- Preferencia en la atención de los servicios esenciales.”

    La mayoría de los especialistas sostienen que si un jóven de 14 a 5 años comete un delito, debe responder al mismo pero con medidas alternativas a la privación de la libertad.
    María Elena Naddeo, directora general de niñez, adolescencia y género de la defensoría del pueblo de la ciudad, sostiene que”Es necesario correr el eje de discución sobre la baja de edad de imputabilidad dado que los adolescentes de 14 y 15 años son en su mayoría victimas y no victimarios de la acción de los adultos”
    “Resulta imprescindible desarrollar políticas de inclusión social y educativa en los barrios de mayor vulnerabilidad social para prevenir la comisión de delitos”
    “Derogar la Ley 22.278 –Régimen penal de menores– es un desafío de difícil concreción. Solamente válido si se reemplaza por un sistema que ofrezca además del debido proceso, penas adecuadas, y dispositivos de responsabilización a través de medidas socioeducativas con la privación de libertad como ultima ratio, en la misma franja etaria de 16 a 18 años.
    “Para los chicos menores de 14 y 15 años, es preciso desarrollar nuevas políticas de protección de derechos renovados y actualizados que hoy no existen. No a través del sistema penal.”

    Fuentes:
    https://www.pagina12.com.ar/13405-no-a-la-baja-de-edad-de-imputabilidad
    LEY 22278 Régimen Penal de la Minoridad.
    LEY 26061 Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

  13. Trabajamos con la Ley 2302, que establece la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Dicha Ley fue promulgada en la provincia de Neuquén, donde se incorpora un factor esencial para el mecanismo de protección de los jóvenes como sujetos de derechos, es decir, mediante la figura del defensor de los derechos del niño y adolescentes, plasmado en el art. 49. Este defensor tiene como objetivo velar por su protección integral como sujetos de derechos y al mismo tiempo actúa en conjunto de un equipo interdisciplinario cuya función es garantizar su protección. Además de contar con las garantías que se les brindan en función de sus particularidades. En contrapartida, la ley 22278 apunta a un decrescendo en la protección de los niños y adolescentes.
    Se pueden visualizar los conceptos Disciplina (trabajo sobre el cuerpo a partir del control) en cuanto a las medidas alternativas que son nombradas, por ejemplo: Incluirlo en programas de enseñanza u orientación profesional, asistir a cursos, conferencias o sesiones informativas, adquirir determinado oficio, estudiar o dar prueba de un mejor rendimiento en esta actividades.
    A su vez, tiene en cuenta el interés superior del niño y las garantías del debido proceso.

  14. Hola! En nuestro grupo trabajamos en torno a la ley provincial de proteccion integral 2302 tiene por objeto la protección integral del niño y del adolescente como sujeto de derechos, y tiene como principal objetivo la satisfaccion de todos los derechos.; en esta se entiende al niño/ adolescente a toda persona menor a los 18 años. En esta ley se dispone de lo tutelar excepcionalmente. En la lectura de todos sus articulos se puede dar cuenta que se manifiesta el interes superior del niño como prioridad. Se entenderá por interés superior del niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de sus derechos. el Estado lo garantizará en el ámbito de la familia y de la sociedad, brindándoles la igualdad de oportunidades y facilidades para su desarrollo físico, psíquico y social en un marco de libertad, respeto y dignidad. Su objetivo esencial es la prevención y detección precoz de aquellas situaciones de amenaza o violación de los principios, derecho y garantías del niño y del adolescente. Removerá los obstáculos de cualquier orden que limiten de hecho la efectiva y plena realización de sus derechos y adoptará las medidas de acción positivas que lo garanticen. Por ejemplo cuando dice que el Estado, la sociedad y la familia tienen el deber de asegurar a los niños y adolescentes la efectivización de los derechos a la vida, salud, libertad, identidad, alimentación, educación, vivienda, cultura, deporte, recreación, formación integral, respeto, convivencia familiar y comunitaria y, en general, a procurar su desarrollo integral y que se garantizará al niño y al adolescente, cualquiera sea la situación en que se encuentre, su contención en el grupo familiar y en su comunidad a través de la implementación de políticas de prevención, promoción, asistencia e inserción social. La separación del niño de su familia constituirá una medida excepcional cuando sea necesaria en su interés superior. La falta o carencia de recursos materiales en ningún caso justificará su separación del grupo familiar.

  15. En la clase anterior trabajamos sobre la ley 2302, que establece la protección integral del niño y del adolescente, promulgada el 30 de diciembre de 1999 de la provincia de Neuquén. Entendiendo como niños ya adolescentes a toda persona menor de 18 años. En esta ley se presentan categorías que hemos trabajado en el seminario, como es el interés superior del niño, y que se enmarcan en la convención internacional por los derechos de los niños. Me parece pertinente retomar en función de esta categoría y a partir del autor de uno de los textos trabajados en clase (Cillero Bruñol), que es necesario pensar la relación entre el interés superior del niño, la protección de la infancia y el sistema penal de forma compleja. Por ejemplo actualmente a pesar de las distintas legislaciones que pueden abordar de manera parcial esta temática existen medidas y acciones que son posibles a partir de los distinto grises y o posiciones de distintos profesionales.
    En lo que refiere a la categoría tutelar, en el artículo 8 de la misma hace referencia a que solo como medida excepcional en el caso que perjudique el interés superior del niño se aplicara la tutela por parte del estado. Concivendo a la familia como un pilar fundamental de la sociedad. (Comprendo que este artículo hace mayor referencia a niños y adolescentes en situación de violencia familiar entre otras).

    En lo que refiere específicamente a lo penal el articulo 9 menciona: “Excepcionalidad de medidas que afecten la libertad
    Artículo 9: Cualquier forma que importe una privación de la libertad de niños y adolescentes debe ser una medida debidamente fundada, bajo pena de nulidad, de último recurso, por tiempo determinado y por el mínimo período necesario, garantizando al niño y adolescente los cuidados y atención inherentes a su peculiar condición de persona en desarrollo. Nunca serán considerados meros objetos de socialización, control o prueba.”
    En este sentido entiendo que este artículo puede prestarse a determinada ambigüedad, dejando en la decisión de cada juez que considere debidamente o no fundamentada una medida.
    En lo que refiere a la garantía de los distintos derechos, como salud, educación, entre otros el estado es un garante fundamental. Y es interesante el apartado que habla de la desjudiacializacion de la pobreza.
    En lo que refiere estrictamente al apartado III, sobre justicia penal de la niñez y la adolescencia, las intervenciones serán según:
    “Artículo 54: La Justicia Penal de Niños y Adolescentes se integra por un (1) Juzgado Penal de Garantías para Niños y Adolescentes y por un (1) Tribunal Penal de Juicio para Niños y Adolescentes, constituido por tres (3) jueces. Cada uno de dichos órganos contará con una Secretaría Letrada. Los jueces deberán tener formación especializada en la materia.
    En la Primera Circunscripción Judicial, y mientras no se creen dichos órganos, se conformará con dos (2) Juzgados Penales del Niño y Adolescente. El juez que intervenga en el control de la investigación no podrá intervenir en la etapa de juicio. Cada Juzgado contará con una Secretaría Letrada.
    En las restantes circunscripciones judiciales de la Provincia, serán Juzgados Penales de Garantías y Juzgado Penal de Juicio de Niños y Adolescentes los órganos judiciales que actualmente tienen adjudicada competencia penal en materia de menores.”
    Teniendo una participación fundamental en los procesos el fiscal y el defensor penal del niño. Este último se encarga de asesorar técnicamente al niño y la defensa de sus derechos.
    Y en el artículo 71 se mencionan las distintas medidas y-o condiciones para los niños que en sus procesos ya existen pruebas de participación en delito. En estas se pueden ver algunas que tienen un carácter de control y disciplinamiento y otras que intentan garantizar determinados derechos, entiendo ambas fundadas en el interés superior del niño.

  16. Nos tocó analizar la Ley 22278- Régimen penal de la Minoridad, la misma fue promulgada y publicada en 1980, y modificada en 1983 por la Ley 22803.
    Si bien se hace referencia a la protección integral, entendemos que no implica que la intervención esté orientada al reconocimiento y restitución de Derechos, sino contrariamente es lo que estratégicamente respalda la toma de decisiones por parte del juez. No se habla de niño como sujeto de derecho, sino de menor, considerado como “objeto de tutelar”.
    La noción de sanción que se manifiesta es la del encierro en términos de internación o penas privativas de libertad, no referenciando medidas alternativas. El juez dispone las medidas dentro de una estructura que reproduce un sistema tutelar de aislamiento y exclusión, carente de propuestas que genuinamente estén orientadas a la protección integral.
    Consideramos la construcción de medidas alternativas que constituyen un desafío para el Trabajo Social. Nos interrogamos sobre los posibles aportes desde la disciplina, entendiendo que l@s trabajador@s sociales son quienes tienen la posibilidad de conocer la vida cotidiana de los sujetos, el contexto en el que se desarrolla; recuperar su palabra, los entramados vinculares, los sentidos y valores construidos (por ejemplo, comprender la necesidad de asumir determinados riesgos respondiendo a un modelo de masculinidad). Analizar las respuestas que se dan desde el Estado a las refracciones de la cuestión social a través de las políticas sociales, problematizando las características y orientación de las mismas; y poniendo en tensión al Trabajo Social no sólo en términos de ejecución de políticas públicas sino en términos de planificación y promoción de políticas dirigidas a aportar al bienestar de los jóvenes desde una perspectiva de Derechos.

  17. La Ley que nos tocó trabajar a nosotras; es la ley N° 13634 que trata de los PRINCIPIOS GENERALES DEL FUERO DE FAMILIA Y DEL FUERO PENAL DEL NIÑO.
    En relación con la ley, tuvimos en cuenta el texto de Miguel Cillero Bruñol, “El interés superior del niño en el marco de la convención internación sobre los derechos de los niños”.
    Tanto la Convención como la Ley 13634 tienen como objetivo el reconocimiento y protección de los derechos de los niños, además tienen en cuenta el interés superior del niño, como bien expresa el título. Este interés superior de los niños es la satisfacción integral de sus derechos. Los artículos que presentan la ley y la convención son garantías, ya que toda decisión que involucre al niño, debe considerar primordialmente sus derechos, sobre todo la convención del niño es de una gran amplitud ya que no solo obliga al legislador sino también a todas las autoridades e instituciones públicas y privadas y a los padres; además la convención es una orientación o directriz política para la formulación de políticas públicas para la infancia, permitiendo orientar las actuaciones públicas hacia el desarrollo armónico de los derechos de todas las personas, niños y adultos, contribuyendo al perfeccionamiento de la vida democrática.
    Para finalizar teniendo en cuenta lo que planteo la compañera Micaela sobre las principales categorías de análisis que desarrolla Foucault, vemos la categoría de Gobierno muy presente, ya sea en la Ley como en la Convención. Según Foucault Gobierno es la forma específica de poder que comienza a invadir la esfera del Estado y problemas que atañen a este, en carácter de soberanía. Lo relacionamos con esto debido a que el Estado tiene como deber garantizar y apoyar los derechos de los niños, además la Convención plantea que el Estado tiene el deber de apoyar a los padres en su rol y también el deber de garantizar a los niños su crianza y que su educación se dirija hacia el logro de la autonomía en el ejercicio de sus derechos. Y la Ley plantea que el Estado debe comprobar que se cumpla con la protección integral de los derechos del niño, con su formación plena, con la reintegración en su familia y en la comunidad, debe corroborar que se solucionen los conflictos; también que el niño asuma una actitud constructiva y responsable ante la sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas.
    Nos parece de suma importancia el rol del Estado en esta cuestión, y que cumpla realmente con los objetivos planteados para que el joven logre tener sus derechos respetados, sea visto como sujeto de derechos y que la gobernabilidad estatal responda de manera adecuada y correcta ante una situación con un niño, joven, como también con los adultos.

  18. Me toco la ley 22.278, derogada por la ley 22.803

    Esta Ley enmarcada dentro de la doctrina de “situacion irregular”, comienza a definir a los niños como un sujeto negativo, haciendo incapie en lo que no saben, no son capaces, etc. Y entendiendo a estos como un objeto en los cuales el estado debe ejercer una tutela especial.
    A estas connotaciones también se les agregan criterios criminológicos propios del contexto, buscando definir estos sujetos como “peligrosos”, sobre los cuales es importante actuar para ejercer un “cuidado de la sociedad”.
    De esta manera en vez de revelar la ausencia del Estado para generar un piso de derechos a estos niños, los segrega y estigmatiza, dando lugar a una intervencion estatal y represiva, regulando a estos “menores” peligrosos para la sociedad.
    Para poder llevar a cabo esta “defensa” de la sociedad, se dispone del “menor” en “situacion irregular”, de manera preventiva y provisionalmente, entendiendo que hay que aplicar este tratamiento a niños que cumplieron un delito como a niños que se encuentran con derechos vulnerados o en situación de amenaza, llevando a cabo ciertas medidas de seguridad o privándolo de su libertad.
    Estos criterios, son los que habilitan al Juez de menores, la tarea de corregir al “menor” y sancionar a sus padres.
    Por ultimo, para finalizar el análisis tomo un fragmento de el texto de Focault “disciplina”, en el apartado de “el arte de las distribuciones”, donde dice ” la disciplina procede ante todo a la distribución de los individuos en el espacio, para ello, emplea varias técnicas.
    1) la disciplina exige a veces la clausura, la especificacion de un lugar heterogeneo a todos los demas y cerrado sobre si mismo. Lugar protegido de la monotonia disciplinaria. Ha existido el gran encierro de los vagabundos y de los indigenas; ha habido otros mas discretos, pero insidiosos y eficases. Colegios: el modelo de convento se impone poco a poco; el internado aparece como el regimen de educacion si no mas frecuente, al menos el mas perfecto(…)”

  19. Leyendo los comentarios anteriores y apelando a normativa que le tocó a mi grupo (ley 13634) Creo que la misma tiende a ajustarse a las normativas internacionales por ejemplo respecto de la justicia especializada, ya que se mencionan en la Ley organismos judiciales específicos para el abordaje de jóvenes (y con ello la disolución de los Tribunales de Menores), así como también se expresa la necesidad de capacitación y especialización en niñez de aquellos/as que trabajan en este ámbito.
    Por otra parte, me resulta un tanto contradictorio -una tensión quizás- la idea de conjugar el encierro con interés superior del niño, por ahí esta cuestión era charlada en clase y haciamos mención de lo amplio y no tan preciso del concepto. Sin embargo, se encuentran como principios rectores de la normativa la promoción integral de los derechos, así como también se reconocen las mismas garantías durante el proceso judicial y se especifican aquellas cuestiones que deben estar garantizadas cuando se tome una medida de privación de la libertad. a la vez , se proponen otros regímenes de cumplimento de la condena que pueden ser de régimen abierto, de libertad asistida o de medidas alternativas.
    No obstante ello, coincido con mis compañerxs en como se devela el gobierno a través de la “disciplina” cuando en el art. 42 se enumeran las medidas cautelares y todas ellas se vinculan a un control sobre el cuerpo. Esto perdura porque, como dialogábamos, el traspaso a una sociedad de control no implica la desaparición de los mecanismos de propios de las sociedades disciplinarias, que siguen existiendo y podemos excederlo de los propios contextos de encierro punitivo, para pensar en instituciones escolares o el control de la policia sobre el uso del espacio urbano por los jóvenes.
    Saludos!

  20. La ley trabajada junto a las companeras fue la ley 13.634, la misma refleja el cambio de paradigma por el cual se pretende dejar detrás la ley de Patronato vigente desde el ano 1919. En relación a las categorías foucaultianas trabajas en clase, podemos ver que sigue estando presente un mecanismo de control y disciplinamiento social ya que existe una sanción frente al hecho delictivo que tiene que ver con el cumplimiento de ciertas medidas. Y, a la vez, se pueden ver diversas normas que institucionales que implican constantemente un control y disciplinamiento sobre los cuerpos de los jóvenes.
    Por otro lado, creemos que es necesario poner en tensión la practicidad de esta ley, ya que generalmente el Estado incumple por acción u omisión su obligaciones, y esto se puede visualizar en el hecho de que, según el marco normativo vigente, la internación tendrá carácter excepcional y será aplicada como medida de último recurso, por el tiempo más breve posible y debidamente fundada, cuando esto no sucede. En este sentido es que podemos ver que muchas veces la violación y/o la vulneración de los derechos de los jóvenes se pueden ver producidos/reproducidos por los mismos trabajadores estatales.
    En última instancia y frente a la complejidad que implica poder pensar la justicia penal juvenil nos cuestionamos respecto de la intervención del Trabajo Social. Consideramos que los aportes de la última clase respecto de la intervención profesional son grandes disparadores para pdoer pensar la misma, ya que es necesario cuestionarse respecto del “deber ser” que se impone desde las instituciones y la sociedad misma. Es interesante pensar a la intervención como una construcción que se va reconfigurando atendiendo a la garantía de los derechos de los jóvenes y a sus intereses, dejando de lado prácticas estandarizadas y lineales.
    Saludos

  21. Pido disculpas, nuevamente estoy sin luz. Acá dejo mi aporte.
    ______________________________________________________________________

    Ley 22.278: Régimen Penal de la Minoridad.
    Categorías principales: Menor, minoridad; sanción, pena; tutor, complejo tutelar, patria potestad; abandono, peligro moral o material.

    En primer lugar, considero pertinente realizar una breve contextualización de la ley seleccionada. La misma, se promulgó el 25 de agosto de 1980, durante la última dictadura cívico-militar. Fue sancionada casi 10 años antes de que nuestro país ratificara la Convención internacional de los Derechos del Niño (CDN).
    Entendemos este período como uno de los más oscuros de la historia argentina, donde se pregonaban ideas apuntadas a criminalizar a la juventud, se torturaba y se desaparecía a los jóvenes. Al ver esto, podemos comprender y analizar desde esa doctrina la ley mencionada, sus componentes conservadores y matrices ideológicas elaboradas desde una concepción de lógicas punitivas y de sanción.
    En este sentido, se construyó la categoría de “menor” de la época y de la significación que conlleva la minoridad, arrastrando matices desde el Patronato de Menores.
    Hay conceptos que vienen de una ideología fuertemente positivista, en los que se basan los modelos del “deber ser”. En el primer cuarto del siglo XX había modelos “correctos” de personas que debían ser alcanzados, tanto por los niños como por los adultos. De esta manera se construyó un prototipo de niño o de joven hacia el cual todos debían apuntar. Y de la misma forma, se crearon las leyes y se configuraron las medidas para poder adaptar a aquellos que estaban por fuera de ese prototipo y debían ser “enderezados”.
    El menor, entonces, y aun preexistente, es aquel que se encuentra desviado, por fuera de los parámetros establecidos, que no cumple con las normas y que debe ser corregido. No se tiene en consideración su deseo ni su voluntad, no se analiza su historia ni su cultura.
    Puede que en términos inocentes, menor se aplique para referirse a alguien que no supera determinada edad, en nuestro caso, los 18 años. Pero debemos pensar y resignificar la palabra en el sentido que se le adjudica socialmente. El menor es sospechoso, o delincuente. El niño es inocente, puro. El menor se encuentra errante, abandonado, el niño crece sanamente en una casa de familia. El menor pertenece a los “feos, sucios, malos”. Esta estigmatización constante se arrastra desde la idea del Patronato que fue modificada pero también reconocida por la ley 22.278, y lamentablemente de ambas, aún persisten algunas conceptualizaciones.
    Y como decía anteriormente, la ley 22.278 se encuentra dirigida a pensar a la minoridad en lógicas de lo punible y lo no punible. En cuanto a las posibles sanciones que menciona se puede destacar la multa, la inhabilitación y la privación de la libertad.
    Pero todo esto, comprobando que el menor es responsable por un delito. Mientras se realizan los estudios correspondientes, la ley establece que el joven debe reservarse en “lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable”. Estos estudios se basan en peritajes e informes, análisis de las condiciones familiares y ambientales. En este sentido se introduce la categoría de “abandono” y de “peligro material o moral”, que habilita al juez a asignar un tutor o institución tutelar que se haga cargo de ese menor.
    Este componente, también es retomado de la ley de 1919, que establece que el patronato del Estado se ejercerá a través de la Justicia, en los que casos que hubiera abandono o peligro moral o material. El problema es que no especifica qué considera como peligro moral o material, dejándolo a la libre interpretación de cada juez. “La Ley dice “el juez podrá disponer” del niño y dejarlo con su familia en libertad vigilada o bien internarlo. Y esto es realmente grave: regular la intervención de un juez sin que medie ninguna conducta considerada ilegítima o infractora de la ley y con una respuesta que puede tener contenido punitivo, porque la internación de un nuño en un establecimiento implica privación de la libertad, aunque se la llame “medida tutelar”. Aunque la ley la llame con ese término se trata de una pena, un chico que es encerrado en un instituto está privado de la libertad objetivamente, independientemente de cómo se lo denomine”. (http://cdn.educ.ar/dinamico)
    El concepto de “peligro moral o materal” al no estar tipificado, se contrapone al principio de la legalidad.
    Queda al juez, la responsabilidad de hacer o deshacer con la Patria Potestad de los niños. Este es el conjunto de derechos y obligaciones que un padre o madre (actualmente son ambos progenitores) tiene sobre sus hijos. Es decir que ese conjunto de derechos y deberes, (en casos extremos donde el juez retira la Patria Potestad a los padres, por interpretar que existe peligro moral o material, o abandono) pasa a pertenecer al mismo juez, como autoridad máxima.

  22. A partir de trabajar en el grupo con la Ley N° 13.634 y según la consigna planteada podemos identificar que la misma enuncia en su letra el derecho que gozan los niños de ser escuchados y en donde debe manifestarse y respetarse el interés superior del niño.Así mismo se incorporan otras categorías que apuestan a la mayor garantía de derecho de los niños que se encuentran dentro del sistema penal juvenil en donde por ejemplo se plantean medidas alternativas para el cumplimiento de las sanciones y se apuesta a considerar la privación de la libertad como una medida de absoluta excepcionalidad.
    Consideramos que esta ley establece un avance en materia de derechos pero que la misma solo se constituye dentro del campo del trabajo social como una herramienta de intervención y que nuestro desarrollo profesional no debe limitarse a ella. De todos modos debe resaltarse que dentro de la ley siguen manifestándose aspectos en relación a lo tutelar cuando se dispone en el “Artículo 64. En casos de extrema gravedad en los que las características del hecho objeto de intervención del sistema penal aconsejen la restricción de la libertad ambulatoria del niño inimputable, el Fiscal podrá requerir al Juez de Garantías el dictado de una medida de seguridad restrictiva de libertad ambulatoria, en los términos previstos por la legislación de fondo.”
    Asimismo, en el Art. 42 se plantean diferentes medidas cautelares como “Prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que el Juez determine;” Prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares”; “Prohibición de aproximarse al ofendido, a su familia o a otras personas” … entre otras, que da cuenta de la noción de sanción, y disciplina, entendiendo a la misma en términos de Foucault como un arte del cuerpo, constituido por un trabajo sobre el cuerpo, a partir de diferentes técnicas y herramientas de control.
    En relación a las medidas alternativas el Art. 68 y 69 tienen por finalidad “fomentar el sentido de responsabilidad del niño y orientarlo en un proyecto de vida digno, con acciones educativas que se complementarán con la intervención de la familia, la comunidad y el Municipio respectivo, con el apoyo de los especialistas que el Juez determine.” Entre ellas se plantean: Orientación y Apoyo socio-familiar. Obligación de reparar el daño; Prestación de Servicios a la Comunidad; Asistencia especializada; Inserción escolar; Inclusión prioritaria en los programas estatales de reinserción social; Derivación a los Servicios Locales de Protección de Derechos; Imposición de reglas de conducta. Coincidimos con Molina Bravo cuando plantea que el cuerpo posee una doble posición: una identidad compuesta por el desarrollo de rutinas propias del encierro y la adaptación a las situaciones producidas por las prohibiciones que toman carácter afirmativo en la asistencia (domicilio, abrigo, y alimentación) y acceso a servicios (como el tratamiento en drogas y la reinserción escolar); y una condición de objeto de modulación dado el control al que es sometido por la arquitectura del espacio disciplinario, por su observación y por la interpelación vincular a modificar, inscripción y rendimiento”. La autora plantea que esto al ser producido por una práctica de control que se desarrolla al interior de un modelo disciplinario orientado al cumplimiento de penas, determina concretamente el vinculo de cooperación que posibilita la resignificación y modificación conductual, el cual se encuentra estructuralmente limitado, es decir, se mantiene como una ficción metodológica sin proyección política global.

  23. Nos propusieron trabajar con la Ley Provincial N°13.634 y al leerla, si bien fue confeccionada siguiendo la línea de la Convención, en muchas ocasiones las prácticas se encuentran en la vereda de enfrente. En la actividad anterior utilizamos una nota donde ni el interés superior del niño ni los derechos humanos son elementos que tengan en cuenta varios sectores como los efectores de justicia, la fuerza policial, etc. ¿Por qué? Porque no son considerados como niños y por esto sus derechos se suspenden. Son menores ergo, son peligrosos.
    En el ART 42, como menciona los compañeros, se enumeran una serie de medidas cautelares que muestran la pata del control social que ejecuta el Estado.
    Foucault (2006) desarrolla que “…ha habido, en el curso de la edad clásica, todo un descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de poder. Podrían encontrarse fácilmente signos de esta gran atención dedicada entonces al cuerpo, al cuerpo que se manipula, al que se da forma, que se educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican…”(p.140)
    Molina Bravo retoma a Foucault para hablar de biopolítica, que refiere a la forma de control sobre la vida de los seres humanos a través de las regulaciones.
    Silva Baleiro destaca que en las intervenciones, “para que no se transforme en la manipulación de un ‘objeto de derecho en situación irregular’ se debe tener bien presente su condición de sujeto de derecho, en el respeto absoluto de sus derechos humanos y sus derechos especiales como persona en proceso de desarrollo”
    Cuando se aplica una ‘medida’ (art. 68, art. 69) a un adolescente por una infracción, parece “algo bueno” para este. Pero estas medidas son sanciones. Hablamos de sanción porque restringen derechos, implican la asistencia a entrevistas, hablar de temas que posiblemente el adolescente no esté dispuesto o no le interese, entre otras cosas.
    Si quien interviene lo hace considerando al joven, como sujeto de derecho, atravesado por múltiples determinaciones, con derechos vulnerados, y no como un “caso perdido”, La intervención “…juega en contra de un futuro ya previsto, el destino que lo social parece haberle adjudicado.”(Silva Baleiro,2002,p.10)

  24. El texto normativo que analice es la ley 26061 Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Objeto, Principios derechos y garantías. Sistemas de Protección Integral. Esta ley sancionada en el 2005. Claramente es una ley de avanzada que contiene un sentido, como menciona Molina Bravo “La intervención del Estado en los contextos de vulnerabilidad en los que se desarrolla algunas experiencias juveniles tiene en su centro una operación técnica de transformación del conocimiento medico, psicológico y social en un objeto de intervención; esto implica ofrecer a los sujetos lugares de reconocimiento, de subjetivación, asociados a la representación de sus practicas como problemas subjetivos, riesgos sociales y necesidades de modificación conductual para la reinserción social”. con esta frase quiero aludir a la relevancia de la intervención del estado en situaciones de vulnerabilidad cargados del enfoque de sujetos de derechos es fundamental y aun mas que contenga políticas de inserción social.
    Contiene como objeto la protección integral y se refiere a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el territorio Argentino sin hacer lugar a ningún tipo de discriminación social, ni política. A su vez que son reconocidos como sujetos de derecho. que noes menor esta cuestión dado que es un reconocimiento después de muchos años y pujas de poder.
    En el articulo 3 hace una definición del interés superior del niño como la máxima satisfacción integral y simultanea de los derechos y garantías. Por lo tanto puede ser ambiguo esta concepción pero tomando a Bruñol que hace un análisis del interés superior del niño en el sentido que abone a oponerse a los abusos del poder y entenderse como derecho.
    Esta ley comprende la creación de sistemas de protección Integral conformada por organismos, entidades y servicios a nivel nacional, federal y provincial con financiamiento nacional, a su vez también la creación de una secretaria nacional de niñez, adolescencia y familia al igual que la figura de defensor y un control a nivel nacional, provincial y federal.

    Alumna: Amaya Carmen

  25. Actividad numero 2:
    Me toco la Ley 22278, régimen penal de minoridad, la cual establece que no es punible aquel menor que no haya cumplido 14 años de edad, como tampoco el que alla cumplido 18 años. Si existiese alguna imputacion contra ellos, la justicia dispondrá del menor provicioriamente, analizaran el caso, tomara conocimiento del menor, tutores, delito y ordenara informes incluyendo las condiciones ambientales en las que se encuentra. Si se comprueba que el “menor” de 16 años sufre daño material o moral se ordena la privación de la libertad como forma de “protección”. Hoy en dia, la discusión de la baja, ya no se trata de aumentar las pensas de los jóvenes ante delitos cometidos, sino es una alternativa para garantizar a los jóvenes pobres políticas sociales. No a la baja, consistiría en encontrar otras alternativas para los jóvenes que garantizen protección y seguridad, y que se hallen involucrados en el sistema penal.
    Según la Ley 26061, Ley de protección integral,
    OBJETO. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.
    Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.
    La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.
    Las políticas públicas de los organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En la formulación y ejecución de políticas públicas, es prioritario para los organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que la garanticen.

    http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/114167/norma.htm
    http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm

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