Encuentro Virtual n° 1

Hola! Comenzamos con esta actividad a retomar el debate. Luego de la lectura de los materiales y recuperando los aspectos trabajados en los encuentros presenciales les proponemos:

Especificar los argumentos que exponen distintos sectores/actores de la sociedad (medios de comunicación, sistema judicial, legisladores, etc) sobre las nociones de control social, complejo tutelar y riesgo. Identificar su posición y desarrollar un análisis a partir de los textos propuestos.

Trabajo individual o en pareja. Plazo máximo de participación en el blog hasta el jueves 23/02 a las 23:59 hs.

Esperamos sus aportes para comenzar nuestro diálogo e intercambio en torno a la temática planteada.

¡Nos leemos!

35 comentarios sobre “Encuentro Virtual n° 1”

  1. Baja de la edad de imputabilidad

    Para realizar el análisis acerca de la baja de la imputabilidad tomé un recorte de diario del medio de comunicación eldiario24com, en donde se plasman diez ítems de por qué no se debe bajar la edad mínima de la responsabilidad penal.
    Me pareció interesante el recorte debido a que realiza un recorrido sobre lo que es la ley de imputabilidad, siendo la misma vigente desde la dictadura militar. A su vez y haciendo referencia a lo antes mencionado detalla que sería regresivo, que el único objetivo sería el castigo, porque el sistema penal es discriminatorio, entre otras cosas.
    Volviendo a lo mencionado en el párrafo anterior, encuentro relación con un material dado en el Seminario “El Trabajo Social en la Justicia Penal como Campo”. El mismo es el texto de Guemureman (2014) que hace referencia al tratamiento judicial que reciben los adolescentes y jóvenes que cometen delitos.
    La ley 22287 supone un adolescente peligroso desde la peligrosidad social, cuando no desde la peligrosidad política.
    La relación que encuentro es entre un apartado de este texto y un ítem de la página de internet. A continuación se detallará:
    El medio de comunicación “eldiario24com” detalla en su ítem número 7 que…”Porque el sistema penal es discriminatorio, selectivo y estigmatizante. Es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los etiqueta y los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes”.
    El texto de la socióloga hace referencia a que la violencia de los adolescentes de clases medias acomodadas sigue siendo considerada una excepción, que este escenario de lo penal está reservado para aquellos jóvenes que no pertenecen a esta clase media.
    Cuando la violencia de la clase media vulnera los derechos de las clases más bajas se apela más a instancias educativas, reunión de padres. Pero cuando la violencia es de “abajo” hacia “arriba” directamente se remiten a la política penal.
    “Seguramente, la penalidad líquida para algunos, y la penalidad pura y dura para otros, augure más violencia en carácter de respuesta, y seguramente las consecuencias jurídicas para quienes ejerzan actos de violencia serán bien distintas: “la fábrica social del odio”, tomando a Kokoreff, está funcionando a pleno”.

    Anexo

    Argentina
    Diez razones para no bajar la edad de imputabilidad
    El Centro de Estudios en Política Criminal (CEPOC) argumentó por qué no se debe bajar la edad mínima de responsabilidad penal.

    Ampliar (1 fotos)
    “Ningún pibe nace chorro”. Foto: Grupo Tomate Revuelto.
    El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, confirmó esta semana que el Gobierno nacional impulsará la reforma del régimen penal juvenil, y que designará una comisión que confeccione un anteproyecto para tal fin. La iniciativa surgió nueve días después de que vecinos de Flores tomaran la comisaría 38ª para reclamar por la muerte de Brian Aguinaco, baleado durante un asalto por un menor de edad.

    La noticia reavivó el debate sobre la imputabilidad de menores. Especialistas en el tema salieron a cruzar el anuncio de Garavano y sostuvieron que bajar la edad de punibilidad no es una solución para mejorar la seguridad de los ciudadanos.

    El Centro de Estudios en Política Criminal (CEPOC), creado por los abogados María Laura Böhm, Claudia Cesaroni, Mariano D’Ambrosio y Mariano Gutiérrez, brindaron diez razones por las que no se debe bajar la edad mínima de responsabilidad penal.

    1- Porque sería regresivo. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y sólo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal, sancionado en 1921, establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394). La Dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278). En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.

    2- Porque el único objetivo es el castigo. El mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Sin embargo, cada vez que se discute un proyecto de estas características, se hace luego de que sucede un hecho grave que involucra a un adolescente de 14 años (caso Capristo, 2009), o en un contexto preelectoral (elecciones legislativas 2013), revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato, y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada al joven que cometió el delito, lo que es falso, porque las leyes penales no son retroactivas; o que con la baja de edad se resolverá algún problema de inseguridad.

    3- Porque no es cierto que sea el único modo de brindar garantías a los adolescentes de 14 y 15 años. Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia. Las garantías las tenemos todas las personas de todas las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes, y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos, se cumplan conforme la ley.

    4- Porque no se trata de sancionar más leyes sino de cumplir las que ya existen. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, millones de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.

    5- Porque la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima. Diputados y diputadas, senadores y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes. Según una investigación realizada en 2007 por Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de Tres de Febrero sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: unos 300 adolescentes. Cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15% está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderían a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos 200, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en sólo 15 casos participan menores de 16 años . Ese análisis no supone quitar importancia a una sola muerte violenta producida por la intervención de un adolescente, pero una decisión de política criminal de la gravedad de la que se intenta, debe analizar a qué población está destinada, con qué objetivos, y a qué costos, antes de tomarse.

    6- Porque si el Estado no es capaz de controlar las instituciones de encierro, mucho menos podrá controlar las que piensa crear. Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas violentas y/o dudosas durante 2008, según los registros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos). La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, y el 28 de noviembre de 2012 se sancionó la ley de creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (Ley 26.827) pero aún no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura.

    7- Porque el sistema penal es discriminatorio, selectivo y estigmatizante. Es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los etiqueta y los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.

    8- Porque los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales. Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los respuestos para sus autos.

    9- Porque las penas previstas no son intocables. Se utiliza como un argumento a favor de la baja de edad de punibilidad, que se fijarán penas bajas. Pero, ya sabemos que frente a un hecho grave, la primera reacción es aumentar los montos de pena: basta que suceda algún hecho trágico, o lo suficientemente difundido por los medios, para que se dupliquen, o tripliquen, frente a un próximo clamor popular. Del mismo modo que sucedió con la presión del ex ingeniero Blumberg, en 2004, en que los máximos de pena aplicable a ciertos delitos subieron a los cincuenta años, obviamente sin ningún efecto en cuanto a la disminución de esos delitos.

    10- Porque van a meter presos a las principales víctimas del neoliberalismo que la sociedad votó y aceptó durante una década. Los adultos tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestras decisiones, no solo de las que tomamos individualmente, sino de lo que avalamos, aceptamos o consentimos como sociedad. Y ser consecuentes con lo mejor de nuestra historia, con la decisión, que alguna vez tomamos, de que los únicos privilegiados sean los niños.

    Baja de la edad de imputabilidad

    Para realizar el análisis acerca de la baja de la imputabilidad tomé un recorte de diario del medio de comunicación eldiario24com, en donde se plasman diez ítems de por qué no se debe bajar la edad mínima de la responsabilidad penal.
    Me pareció interesante el recorte debido a que realiza un recorrido sobre lo que es la ley de imputabilidad, siendo la misma vigente desde la dictadura militar. A su vez y haciendo referencia a lo antes mencionado detalla que sería regresivo, que el único objetivo sería el castigo, porque el sistema penal es discriminatorio, entre otras cosas.
    Volviendo a lo mencionado en el párrafo anterior, encuentro relación con un material dado en el Seminario “El Trabajo Social en la Justicia Penal como Campo”. El mismo es el texto de Guemureman (2014) que hace referencia al tratamiento judicial que reciben los adolescentes y jóvenes que cometen delitos.
    La ley 22287 supone un adolescente peligroso desde la peligrosidad social, cuando no desde la peligrosidad política.
    La relación que encuentro es entre un apartado de este texto y un ítem de la página de internet. A continuación se detallará:
    El medio de comunicación “eldiario24com” detalla en su ítem número 7 que…”Porque el sistema penal es discriminatorio, selectivo y estigmatizante. Es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los etiqueta y los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes”.
    El texto de la socióloga hace referencia a que la violencia de los adolescentes de clases medias acomodadas sigue siendo considerada una excepción, que este escenario de lo penal está reservado para aquellos jóvenes que no pertenecen a esta clase media.
    Cuando la violencia de la clase media vulnera los derechos de las clases más bajas se apela más a instancias educativas, reunión de padres. Pero cuando la violencia es de “abajo” hacia “arriba” directamente se remiten a la política penal.
    “Seguramente, la penalidad líquida para algunos, y la penalidad pura y dura para otros, augure más violencia en carácter de respuesta, y seguramente las consecuencias jurídicas para quienes ejerzan actos de violencia serán bien distintas: “la fábrica social del odio”, tomando a Kokoreff, está funcionando a pleno”.

    Anexo

    Argentina
    Diez razones para no bajar la edad de imputabilidad
    El Centro de Estudios en Política Criminal (CEPOC) argumentó por qué no se debe bajar la edad mínima de responsabilidad penal.

    Ampliar (1 fotos)
    “Ningún pibe nace chorro”. Foto: Grupo Tomate Revuelto.
    El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, confirmó esta semana que el Gobierno nacional impulsará la reforma del régimen penal juvenil, y que designará una comisión que confeccione un anteproyecto para tal fin. La iniciativa surgió nueve días después de que vecinos de Flores tomaran la comisaría 38ª para reclamar por la muerte de Brian Aguinaco, baleado durante un asalto por un menor de edad.

    La noticia reavivó el debate sobre la imputabilidad de menores. Especialistas en el tema salieron a cruzar el anuncio de Garavano y sostuvieron que bajar la edad de punibilidad no es una solución para mejorar la seguridad de los ciudadanos.

    El Centro de Estudios en Política Criminal (CEPOC), creado por los abogados María Laura Böhm, Claudia Cesaroni, Mariano D’Ambrosio y Mariano Gutiérrez, brindaron diez razones por las que no se debe bajar la edad mínima de responsabilidad penal.

    1- Porque sería regresivo. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y sólo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal, sancionado en 1921, establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394). La Dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278). En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.

    2- Porque el único objetivo es el castigo. El mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Sin embargo, cada vez que se discute un proyecto de estas características, se hace luego de que sucede un hecho grave que involucra a un adolescente de 14 años (caso Capristo, 2009), o en un contexto preelectoral (elecciones legislativas 2013), revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato, y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada al joven que cometió el delito, lo que es falso, porque las leyes penales no son retroactivas; o que con la baja de edad se resolverá algún problema de inseguridad.

    3- Porque no es cierto que sea el único modo de brindar garantías a los adolescentes de 14 y 15 años. Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia. Las garantías las tenemos todas las personas de todas las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes, y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos, se cumplan conforme la ley.

    4- Porque no se trata de sancionar más leyes sino de cumplir las que ya existen. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, millones de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.

    5- Porque la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima. Diputados y diputadas, senadores y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes. Según una investigación realizada en 2007 por Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de Tres de Febrero sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: unos 300 adolescentes. Cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15% está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderían a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos 200, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en sólo 15 casos participan menores de 16 años . Ese análisis no supone quitar importancia a una sola muerte violenta producida por la intervención de un adolescente, pero una decisión de política criminal de la gravedad de la que se intenta, debe analizar a qué población está destinada, con qué objetivos, y a qué costos, antes de tomarse.

    6- Porque si el Estado no es capaz de controlar las instituciones de encierro, mucho menos podrá controlar las que piensa crear. Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas violentas y/o dudosas durante 2008, según los registros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos). La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, y el 28 de noviembre de 2012 se sancionó la ley de creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (Ley 26.827) pero aún no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura.

    7- Porque el sistema penal es discriminatorio, selectivo y estigmatizante. Es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los etiqueta y los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.

    8- Porque los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales. Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los respuestos para sus autos.

    9- Porque las penas previstas no son intocables. Se utiliza como un argumento a favor de la baja de edad de punibilidad, que se fijarán penas bajas. Pero, ya sabemos que frente a un hecho grave, la primera reacción es aumentar los montos de pena: basta que suceda algún hecho trágico, o lo suficientemente difundido por los medios, para que se dupliquen, o tripliquen, frente a un próximo clamor popular. Del mismo modo que sucedió con la presión del ex ingeniero Blumberg, en 2004, en que los máximos de pena aplicable a ciertos delitos subieron a los cincuenta años, obviamente sin ningún efecto en cuanto a la disminución de esos delitos.

    10- Porque van a meter presos a las principales víctimas del neoliberalismo que la sociedad votó y aceptó durante una década. Los adultos tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestras decisiones, no solo de las que tomamos individualmente, sino de lo que avalamos, aceptamos o consentimos como sociedad. Y ser consecuentes con lo mejor de nuestra historia, con la decisión, que alguna vez tomamos, de que los únicos privilegiados sean los niños.

      1. En enero de 2017 el diario La Nación publico un artículo titulado “Mas de 100 menores de 16 años, encerrados por delitos graves”. Este artículo presenta datos estadísticos obtenidos del relevamiento nacional de adolescentes en conflicto con la ley penal realizados en el año 2015 por el Ministerio de Desarrollo Social y UNICEF. Este recorte periodístico no sienta posición sobre el tema de la baja de imputabilidad, pero los datos arrojados en el mismo se inclinan hacia las nociones de infancia peligrosa. Refieren a la facultad que tienen los jueces de disponer de medidas privativas de la libertad, en casos de delitos graves, o de supervisión judicial en otros casos. Esta potestad persiste desde la ley 22278 sancionada en la última dictadura militar.
        El articulo analiza la problemática de la modificación de la ley penal desde una óptica legalista: “Muchos proyectos legislativos relativos a reformas del régimen de minoridad apuntan a la falta de protección jurídica que tienen los menores al no ser llevados a un juicio en el que puedan ejercer su defensa con las mismas garantías que un adulto.”
        Este análisis unilateral en la actualidad no sería adecuado. El mismo esconde la coyuntura social, cultural, económica en la que están insertos los jóvenes. Así como oculta los “diferentes” tipos de penalidades que se aplican considerando la clase social del joven que “delinque”. En el texto de Guemureman la autora plantea dos tipos de penalidades; para las clases medias/altas una penalidad liquida “los presuntos autores pueden comprar todo el stock de derechos y garantías del mercado, y las causas se diluyen sin consecuencias jurídicas gravosas para los imputados”. Por el contrario, los jóvenes de clases bajas, permanecen bajo la lupa de una penalidad dura, netamente una política penal, de la cual se esperan sanciones.
        Esta visión de penalidad dura coincide con el análisis que realiza Kessler sobre el incremento de la acción policial de control en los sectores populares, manteniendo una mirada de peligrosidad sobre esos sectores.
        Particularmente creo que el abordaje de estos sectores debería realizarse desde una perspectiva integral. Dejando de lado la mirada criminal sobre estos sectores populares. Descartando las nociones de peligrosidad, o clasificaciones afines que les corresponden solo por los lugares de pertenencia.

        ANEXO
        Más de 100 menores de 16 años, encerrados por delitos graves
        Aunque no son legalmente punibles, los jueces les impusieron medidas de restricción de la libertad
        JUEVES 05 DE ENERO DE 2017
        Más de cien chicos menores de 16 años fueron privados de la libertad por ser sospechosos de cometer delitos graves. Y son 412 los menores inimputables que, de todos modos, fueron alcanzados con medidas judiciales de control. Esos datos figuran en el último relevamiento nacional de adolescentes en conflicto con la ley penal realizado en noviembre de 2015 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Unicef.
        Cuatro de cada diez menores judicializados no pueden ser procesados por tener menos de 16 años, aunque el 15% de los casos termina con alguna medida de vigilancia adoptada por el sistema penal juvenil. En los casos de adolescentes punibles, para el 34% hay alguna medida de control judicial.
        “En la provincia de Buenos Aires se faculta al juez de Garantías a dictar medidas restrictivas de la libertad, a pedido del fiscal, en casos de extrema gravedad por el hecho imputado. En Mendoza y en Córdoba se admite la internación como medida de protección. La ejecución de estas medidas, en la provincia de Mendoza, puede ser delegada a organismos especializados o ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Por su parte, en Córdoba, la restricción de la libertad no puede exceder los seis meses, a menos que el juez requiera autorización de la Cámara y se otorgue una prórroga”, se indicó en el reporte oficial.
        En los establecimientos de privación o de restricción de la libertad figuran 101 chicos con menos de 15 años. Otros 311 son tutelados con programas de supervisión judicial. En ese grupo de 412 adolescentes inimputables que, de todas formas, fueron judicializados aparecen 20 menores de 14 años y 6 chicos de menos de 13. El 6% llegó al sistema penal juvenil por delitos cometidos con armas de fuego.
        Más allá de la situación en la que se encuentran los menores no punibles, el informe señala que sólo reciben condenas el 10% de los adolescentes de 16 y 17 años que tienen medidas de prevención ordenadas judicialmente. Muchos proyectos legislativos relativos a reformas del régimen de minoridad apuntan a la falta de protección jurídica que tienen los menores al no ser llevados a un juicio en el que puedan ejercer su defensa con las mismas garantías que un adulto.
        Al respecto, el colectivo de organizaciones #InfanciaEnDeuda advirtió que el Estado tiene una mora de 11 años en la designación del Defensor del Menor, que debió haber sido nombrado 90 días después de la sanción de la ley 26.061 (de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes), de 2005. Es el Congreso el que está en deuda (hoy, concretamente, el Senado), ya que debe designar a los miembros de la bicameral encargada de elegir al defensor.
        La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) realizó el año pasado un censo en los tres institutos de menores ubicados en la ciudad de Buenos Aires. Se determinó que la mitad de los 85 adolescentes alojados no se había entrevistado con un defensor de menores. Sus casos quedan entonces a criterio de un magistrado sin aportes de una posible defensa letrada. Eso también puede provocar excesos dentro de esas unidades de privación de la libertad. El 9% de los internos aseguró haber sido agredido físicamente, pero el 41% se negó incluso a dar una respuesta al respecto, quizás por temor a represalias.
        En el caso de Buenos Aires la situación es más compleja por la importante cantidad de adolescentes que cada año ingresan en el sistema penal juvenil por delitos graves. Las estadísticas del Ministerio Público provincial revelaron que en 2015 hubo 174 menores acusados de homicidio y otros 186, de tentativas de homicidios. Otros 1942 menores quedaron involucrados en causas de robo agravado por el uso de armas de fuego.
        Inimputables, pero vigilados
        412
        Menores de 16 años están bajo tutela judicial
        Pese a ser inimputables, los adolescentes menores de 16 años acusados de delitos graves pueden quedar privados de su libertad, según el criterio de los jueces. Si se incluye a los de 16 y 17, la cifra de menores en los sistemas de supervisión judicial trepa a 3908
        20
        Menores de 14 años en conflicto con la ley
        Entre los jóvenes tutelados por la Justicia como sospechosos de haber cometido delitos graves figuran 20 adolescentes menores de 14 años y 6 casos que incluyen a chicos de menos de 13 años
        tp://www.lanacion.com.ar/1973159-mas-de-100-menores-de-16-anos-encerrados-por-delitos-graves

  2. Aportando al comentario de la compañera, creemos que es relevante poder seguir discutiendo sobre la baja de imputabilidad, ya que hoy en día es un tema bastante complejo, donde existen tensiones, por parte de diferentes sectores, y diferentes intereses por parte de los mismos.
    Nosotras seleccionamos el siguiente artículo, porque nos pareció importante el aporte que hace el diario clarín, acerca de la baja de minoridad, siguiendo el caso de Brian, el cual fue reconocido en todo el país. Nos parece importante poder analizar desde nuestra perspectiva, el hecho de estar en contra de la baja de minoridad, ya que se mantiene un régimen penal que perdura desde la dictadura, donde no se ha modificado y que tampoco se lo considera al joven como un sujeto de derecho, en relación a lo trabajado en el seminario, nos parece importante resaltar las garantías de la justicia penal para adolescentes y las vías alternativas al proceso penal, ya que se habla de jóvenes, no quita que estos sigan siendo “niños”.
    En relación a lo que fue comentado sobre la “protección social” y el control, Kessler sostiene que “El incremento de la acción policial de control, promovida por la creciente demanda de seguridad, se vuelca hacia el conjunto de jóvenes de sectores populares. Concretamente, la prevención es entendida como una intensificación del “parar y controlar”, al tiempo que legitima una práctica que se sustenta en sospechas muchas veces basadas en sesgos discriminatorios.” Esto tiene un efecto negativo en los jóvenes de sectores subalternos, quienes sufren de controles, con distintas formas de maltrato verbal y físico, donde son objetos de control, pero no de protección cuando sufren un hecho de inseguridad y así generando una mayor cultura confrontadora entre policías y jóvenes.
    Dándole un cierre a nuestro aporte, pensamos que, más allá que hasta el 2018 esta discusión no se llevaría al congreso, sería importante seguir discutiendo sobre la baja de imputabilidad a “menores” de 14 años, donde es preciso desarrollar nuevas políticas de protección de derechos renovados, acompañamientos e intervenciones en los distintos territorios para evitar que los jóvenes cometan actos delictivos, dado que aún no se ha encarado desde una política social y que no sea a través del sistema penal.

    Anexo:
    El Gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años
    Macri convocará a una mesa de especialistas para analizar cambios en el Código Penal. Buscan modificar el régimen penal juvenil por ley. Apuntan a la reinserción de los jóvenes.
    El crimen de Brian, el adolescente asesinado por otro de 15 años en Flores en la víspera de Nochebuena, reavivó el debate por la baja de la edad de imputabilidad. Y, en el inicio de un año electoral, el Gobierno busca tomar la iniciativa y adelantarse a la oposición en un tema que fue vedette en las últimas campañas. Así, cuando vuelva de sus vacaciones, uno de los primeros decretos que firmará Mauricio Macri será para oficializar la convocatoria a una comisión especial que se encargará de analizar y confeccionar un anteproyecto para reformar el régimen penal juvenil.
    “Impulsamos la reforma del régimen penal juvenil porque la ley actual es de la época de la dictadura y debe ser modificada. En esa discusión se pondrá sobre la mesa el tema de la edad de imputabilidad pero, principalmente, el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal”, confirmó a Clarín el ministro de Justicia, Germán Garavano.
    Esa “mesa”, coordinada por un representante del Poder Ejecutivo, estará integrada por jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud. Allí se tendrán en cuenta los testimonios que dejaron el año pasado representantes del Poder Judicial y de procuradurías de todas las provincias en diversas jornadas de debate organizadas por la Subsecretaría de Política Criminal, a cargo de Martín Casares.
    En principio, más allá de que la comisión de especialistas estará encargada de emitir un dictamen y hacer su propuesta, la intención de la Casa Rosada es bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, con distintas escalas según el delito cometido: la pena de prisión sería sólo para los casos más graves, como homicidio, violación y delitos con armas.
    En búsqueda de consenso, para contener a los sectores más garantistas, se analiza la posibilidad de establecer penas diferentes aún para los casos más graves. Algo que reclamaron, por ejemplo, especialistas de Unicef.
    Otra idea que se baraja es que, para los casos de jóvenes entre 14 y 16 años, la carga de la prueba sea de la fiscalía para demostrar que el autor comprendía la criminalidad del acto, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las causas. Esto porque, entienden en Justicia, si bien la realidad cambió, todavía puede haber casos de chicos de 15 años que “por una cuestión de maduración” no comprenden la criminalidad de sus actos.
    Pero saben que el caso Brian no es un hecho aislado y que la sociedad demanda respuestas. “La realidad demuestra que en el sistema penal tanto las víctimas como los imputados son mayormente jóvenes”, apuntó Garavano.
    “Nuestro objetivo es que en el futuro haya menos jóvenes en conflicto con la ley penal; que cada vez sean más los que estudien y trabajen y que sean valorados socialmente para lograr una sociedad más pacífica”, remarcó el ministro. En esa línea, la intención oficial es que el nuevo régimen penal juvenil esté orientado esencialmente a la reinserción de los jóvenes más que al castigo y el cumplimiento de una condena. Por eso, la comisión también deberá enfocarse en el tratamiento que se le dará a esos jóvenes. Sin apartarse, claro, de la Convención sobre los Derechos del Niño -en Argentina tiene jerarquía constitucional- que establece que los menores de edad deben cumplir sus penas apartados de adultos y no pueden ser castigados en ningún caso con prisión perpetua.
    Mientras, en el Gobierno son optimistas respecto a la recepción que tendrá en la oposición. O, al menos, en la mayoría de los sectores. Es que tanto el Frente Renovador de Sergio Massa, el PJ y hasta el kirchnerismo, en aquella campaña de 2013 que tuvo como candidato a Martín Insaurralde, impulsaron el tema. Incluso, en 2009, un proyecto consensuado por legisladores del FPV, el Peronismo Federal y la UCR logró media sanción en el Senado, pero luego en Diputados no hubo consenso y perdió estado parlamentario.
    Esta vez, para que no haya vencedores ni vencidos y evitar oportunismos políticos, el macrismo propondrá que durante 2017 se dé la discusión y recién en 2018 se trate en el Congreso. Al cabo, el actual régimen penal juvenil lo fija la ley 22.278 promulgada por Jorge Rafael Videla.

  3. Ocho de cada diez noticias asocian a los adolescentes con el delito.
    Una noticia sobre un relevamiento en el año 2016 donde se investigo por dos meses las noticias sobre jóvenes asociados al delito en los diarios Clarín, La Nación, Página/12, Diario Popular y Crónica. Llegaron a la conclusión que para un medio de comunicación una noticia sobre un chico de 15 años que haya cometido un hecho grave como es un homicidio, y la repetición de la información genera lo que conocemos como ‘inflación punitiva’, construyendo una realidad que no es tan así.

    El escándalo alimenta la repetición pero sobre la base del concepto perimido que subyace en “la teoría del menor” como objeto peligroso a controlar, y al que le cabe un trato también perimido que lo hace objeto de tutela y no sujeto de derechos, como lo establece la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Si bien el delito juvenil es bajo, está más distribuido (territorialmente) de lo que pensamos y sobre todo de lo que los medios reflejan.

    Kessler y Dimarco sostienen que la humillación, discriminación y hostigamiento son moneda corriente en la relación entre policías y jóvenes de barriadas populares. La mayor presencia policial en las calles y la cobertura mediática de la inseguridad agravan el problema… “En las últimas dos décadas se advierten dos tendencias contrapuestas que tienen implicancias en la relación entre jóvenes y policía. Por un lado, como dijimos, la mayor conciencia social respecto del problema de la violencia policial en su forma más extrema y las iniciativas para intervenir sobre la misma. Por el otro, el incremento de la preocupación por la seguridad que ha conducido a la demanda de mayor presencia policial y control social en las calles. Una de las consecuencias más evidentes del entrecruzamiento entre estas dos tendencias es que, mientras para la gran mayoría de la sociedad resultan inaceptables las formas de violencia extrema, se ha dado en simultáneo un aumento de la presión sobre la población más sometida a los controles de esta institución: los jóvenes de sectores populares”.
    Con esto quiero resaltar la importancia que tienen los medios de comunicación en este tema, ya que, es por estos que la sociedad muchas veces elige informarse y dicha información produce distintos sentimientos en las personas por el solo hecho de poner en conocimiento distintos caso de jóvenes y no incitar a una reflexión en conjunto como sociedad. No se cuestiona en profundidad los hechos delictivos sino que se trata de alertar y producir más seguridad con fuerzas policiales. No tratando el tema desde los derechos de los jóvenes, como así también viendo a la prevención como sinónimo de control. Lo que lleva a un efecto negativo en cuanto a los jóvenes.
    Es importante esta discusión para reflexionar y a través de ello crear políticas de protección de derechos, acompañamientos e intervenciones que no sean iniciadas desde el sistema penal.

    FUENTES:
    http://www.telam.com.ar/notas/201612/172496-medios-estigmatizacion-adolescentes.html
    http://www.vocesenelfenix.com/content/hostilizados-sobrecontrolados-y-subprotegidos-la-interacci%C3%B3n-polic%C3%AD-y-j%C3%B3venes-en-el-conurban

  4. En cuanto a mi aporte para este encuentro virtual es sobre un articulo que salió en el diario Pagina 12, del día 20 de febrero de 2017 que trata sobre unos niños Asael de 13 años y Alan de 16 años, que fueron golpeados y detenidos, tras la denuncia de una empleada de un supermercado chino, diciendo que el niño de 13 había robado un paquete de galletitas del supermercado, y el otro niño de 16 por defender a su amigo, fue golpeado y también llevado preso.
    Luego de unas horas detenidos fueron liberados. Además una de las integrantes del comedor a donde acuden los niños, dijo, “le pedí explicaciones a los oficiales que se llevaron a los chicos esposados y sin presencia de un mayor”.
    Esto lo podemos relacionar principalmente con el texto de Kessler y Dimarco, el donde dicen que la mayoría de los niños que tiene a veces conflicto con la ley, y se presenta la policía, por lo general son violentados, maltratados y sin respetarle ningunos de sus derechos.
    Además, como menciona la autora, Medan, Marina, estos son jóvenes que por un lado se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y pobreza, estos niños según dice la nota, fueron en búsqueda primero de si le podían dar un paquete de galletitas porque tenían hambre y no se las dieron, por esto llegaron a un acto delictivo, ya que se encuentran en esta situación.
    Al mismo tiempo que están viviendo esta situación, se encuentran todo el tiempo estos niños como otros de barrios precarios, perseguidos y maltratados todo el tiempo por la policía, y hasta a veces, estigmatizados por estos, por el solo hecho, como se menciona en el texto de Kelssler y Dimarco, de ir con la capucha o ir con gorra.
    Esto nos demuestra, como se ejerce poder sobre los jóvenes hoy en día en nuestro país, ya que vemos todos los días, situaciones como estas de policías que abusan de su poder hacia con los niños y jóvenes.
    Además, como se esta viendo en esta y en tantas situaciones, se llevan arrestados a niños, que según la ley no tendría que ir presos y menos en las condiciones en que se los llevan. Que por otro lado, estos no son escuchados, en el momento en que están arrestados, no los escuchan para saber el motivo o el porque lo estaba haciendo, o simplemente para defenderse de que no lo estaban haciendo, esto pensándolo en que en la convención Internacional de los Derechos del Niño, dice que los niños debe se oídos.

  5. Tomando el diario La Izquierda, la nota periodística “El equipo de “Pibe Chorro” contra la baja de edad de imputabilidad” y siguiendo la línea que las compañeras anteriormente mencionaron; en primer lugar el artículo hace mención al caso Arruga Luciano en coincidencia con lo expuesto por el autor Kessler, ya que los jóvenes y principalmente los varones, son detenidos de manera ilegal, abusando la policia de su posición y utilizando sobre ellos violencia extrema.
    Algo que resulta interesante de la nota elegida es como hace hincapié en el control excesivo que el gobierno de turno practica sobre nuestros jóvenes, cuando realmente coincido con los autores consultados en que la delincuencia juvenil no es el problema principal, sino que este encuentra su base en la educación, la familia y la labor de los educadores sociales, vale citar Donzelot “…el trabajo social parte de una voluntad de reducir el recurso a lo judicial y a lo penal, y se funda en un saber psiquiátrico, sociológico y psicoanalítico orientado a anticipar el drama, el accionar policial, y a sustituir el brazo secular de la ley por la mano abierta del educador…”
    El informe elegido hace referencia a los sectores populares donde los jóvenes son estigmatizados y discriminados, en concordancia con los textos de lectura. En los mismos, se utiliza el término “portación de cara”, y se estigmatiza por la forma de vestimenta, los cortes de pelos, rasgos fenotípicos y las formas del lenguaje.
    Cuando se analiza la baja de imputabilidad los legisladores, se olvidan los factores de riesgos y la futura socialización de los menores.

    Anexo:
    http://www.laizquierdadiario.com/El-equipo-de-Pibe-Chorro-contra-la-baja-de-edad-de-imputabilidad

  6. El recorte periodístico seleccionado corresponde al diario LA NACIÓN, del día 5 de enero de 2017, donde se menciona por parte de representantes del gobierno la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad. El ministro de Justicia, Germán Garavano hizo referencia a la discusión respecto a la posibilidad de aplicar penas desde los 14 años, proyectando la misma a partir del segundo semestre. La ministra de seguridad, Patricia Burllrich, manifestó la necesidad de una reforma legal que posibilite llevar a juicio a menores de 16 años. Desde el gobierno, y a través de la difusión en los medios de comunicación, esta medida se muestra como “apropiada y necesaria” ante el reiterado pedido de “más seguridad”.
    Entendemos que desde los medios de comunicación, se toman situaciones aisladas que apuntan a la generalización sin fundamentar el análisis, reproduciendo así un criterio de explicación causal. Estratégicamente, a través de la repetición de determinados titulares se intenta crear un contexto favorable en la búsqueda de consenso frente a esta retracción en los derechos de jóvenes.
    Desde la oposición el proyecto es cuestionado y definido como “oportunista”, entendiendo que este año el tema seguridad será central en la agenda electoral. En ese sentido, Margarita Stolbizer expresó “La baja de imputabilidad para que un pibe de 14 años vaya preso también es una medida populista y demagógica”.
    Esto nos hacia reflexionar sobre la justicia como un campo (Bourdieu) que es un espacio de juego donde se establecen luchas entre los agentes. Estos agentes pueden crear, participar, luchar, generar estrategias o rupturas en pos de obtener un capital simbólico que le otorga legitimidad, prestigio y autoridad aquella persona o agente que lo posee. Al mismo tiempo el concepto de habitus (como un modo de acción) nos permite entender como estos agentes que ocupan una posición, maniobran o aprenden las reglas del juego mediante la participación en el campo que involucra dos partes de la estructura objetiva y la subjetiva.
    Los discursos en torno a la baja de la edad de imputabilidad dan cuenta de un campo en tensión y disputa; y dentro del mismo las perspectivas y posicionamientos de los diferentes actores, la concepción de sujeto que han construido, cómo lo reconocen (menor/niño; víctima/victimario), qué lugar le asignan (sujeto de derecho/sujeto tutelar), infancia en peligro/infancia peligrosa.

    A partir de lo expresado anteriormente nos surgen interrogantes:
    ¿Cómo se define el riesgo social?, ¿Se piensan intervenciones alternativas?, ¿Cuáles son los posibles aportes del Trabajo Social frente a la discusión?, ¿Cómo se piensa la inclusión de estos jóvenes?, ¿Qué proyecto de sociedad subyace a estas discusiones?
    Jaquelin Carrupan y Yesica Brest

  7. Mi aporte lo realizare en base al artículo que salió el día 13 de Febrero del presente año en el diario Clarín, se titula “El Gobierno quiere crear la figura de “tutor” para controlar a menores que delinquen”.
    Cuando leí el artículo en la clase, me llamo mucho la atención el subtítulo del mismo “Sería similar al agente de libertad condicional en Estados Unidos. No sería un policía y tendría que capacitarse”. En primer lugar se está tomando un modelo de un país como Estados Unidos (“probation offier- agente de vigilancia); cuya justicia siempre ha sido cuestionada y en especial en la Justicia Penal Juvenil, hay estados como el de Michigan, donde la legislación permite someter al proceso penal de adultos a los menores a partir de los 11 años. Así mismo el agente de libertad condicional pertenece a empresas privadas.
    A partir de ello surgen varios interrogantes ¿Desde qué perspectiva de tutor están planteando este proyecto?; de acuerdo al Ministerio de Justicia dicho tutor deberá tener una preparación en la materia, dado que se está planteando que tenga poder de “veto” sobre la libertad de los jóvenes. ¿Qué tipo de profesión debe ser?¿Cientista social o cientista jurídico?.
    Quiero mencionar un fragmento del texto de Donzelot … “la colaboración de la justicia y de las obras filantrópicas produjo un sistema que prefiguraba la actual libertad vigilada y la asistencia educativa de régimen abierto. Se trata de un esquema en tres tiempos: en primer lugar, el menor es condenado y, por lo tanto, pasa a pertenecer a la administración penitenciaria; en segundo lugar, esta última lo entrega a una sociedad de patronazgo, que, en tercer lugar, lo devuelve a su familia y ejerce sobre ella un control de la adecuada vigilancia del menor cuya custodia ejerce”(p.85). de acuerdo al texto del autor estas prácticas se realizaban en el siglo XIX, hacia el año 1890, es así que considero que hay un retroceso respecto a este proyecto de tutor basado en el modelo estadounidense, teniendo en cuenta la postura política y social del actual gobierno represor, cuya intención inicial es la modificación en el régimen de Justicia Penal Juvenil con bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

    Anexo:
    http://www.clarin.com/politica/gobierno-quiere-crear-figura-tutor-controlar-menores-delinquen_0_BJchB2n_l.html

  8. Mi aporte al debate va a ser desde una nota de la página “Voces por la justicia” del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde se da conocimiento de la discusión llevada a cabo en encuentros de los distintos organismos que están tratando el tema de la reforma de la Ley Penal Juvenil.
    Asimismo, me parece importante remarcar como utilizan un relato argumentando que la ley vigente es de la época de la dictadura, haciendo uso de un discurso “progresista” para llevar a cabo la reforma lo más rápido posible. Garavano señaló en el inicio al debate que desde la vuelta de la democracia “nunca hubo consensos para reformar este régimen, que es una norma que claramente hay que modificar”. (…)”, y el fuerte peso de la opinión publica a la hora de determinar la orientación del debate, ya que se impulso un programa denominado “justicia 2020″ en el cual cualquier sujeto puede ingresar a la página y dar su opinión sobre los distintos proyectos de ley encaminados.
    Por otra parte, es importante comprender como el concepto de control social del aparato coercitivo comienza a ponerse en juego cuando a lo largo de la nota no especifican que entienden ellos por sanciones y medidas alternativas para cada tipo de delito. Como así, cuales serian las posibles “herramientas de contención” que se debaten en los encuentros. En el debate también surge la importancia de la necesidad de sujetos ejemplares en los cuales ellos se puedan reflejar, “…a su vez, se habló sobre la importancia de que existan referentes para ellos, y que esto no implica que sea necesariamente un integrante de su familia.” .En mi opinión es importante pensarlo desde la relevancia que le da el Estado a la prevención de que los jóvenes enfrenten determinados riesgos para sentirse aceptados, retomando a Medan “La asunción de estos riesgos se realizaría con el fin de no caer en otros; por ejemplo, un estado mayor de marginalidad. Muchos de estos jóvenes, varones y chicas, quieren ser parte, buscan instancias de integración a patrones de consumo o de legitimidad simbólica, a grupos de pares, a prácticas colectivas”

    ANEXO

    Amplia convocatoria para debatir sobre Responsabilidad Penal Juvenil
    Viernes 3 de febrero de 2017

    Con participantes de UNICEF, funcionarios de todos los poderes del Estado, ONGs y ministerios públicos empezaron los encuentros en los que se discutirán los lineamientos para una nueva ley Penal Juvenil.

    “Justicia restaurativa”, “herramientas de contención”, “operadores del Estado en zonas de vulnerabilidad social” fueron algunos de los tópicos destacados del primer encuentro para discutir el proyecto de ley de creación de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que el Minsterio de Justicia y Derechos Humanos enviará al Congreso este año.

    El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, encabezó la primera mesa de trabajo interdisciplinaria llevada a cabo este jueves en la sede ministererial, que convocó a integrantes de UNICEF, de ministerios públicos de la defensa y fiscales de todo el país, y también de todos los poderes del Estado a nivel provincial y nacional.

    Fue la primera de una serie de ocho encuentros que tendrá diferentes ejes de debate, que en el caso se volcó a abordaje de sistemas de atención temprana y fortalecimiento de la Ley Nacional 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

    Garavano señaló, en el inicio al debate, que desde la vuelta de la democracia “nunca hubo consensos para reformar este régimen, que es una norma que claramente hay que modificar”. “Creemos en este mecanismo de gobierno abierto, participación y debate”, y “estamos abiertos a aprender y a nutrirnos de todos los actores y sectores en esta discusión que se debe dar sin condicionamientos ni temas que no puedan ser abordados”.

    Además, precisó que más de 190 organizaciones enviaron parte de su trabajo previo a esa instancia, a la vez que más de 2 mil personas hicieron lo propio de forma individual. Para ello, se utilizó la plataforma web de Justicia 2020, un programa del Ministerio de Justicia que permite la realización de aportes para llevar a cabo discusiones en torno a proyectos de ley e iniciativas de otras índoles.

    Patrick Haar
    Régimen Penal Juvenil
    Entre esos aportes, hubo de los consenso alcanzados fue la necesidad de brindar un sistema de contención para los menores que pueden entrar en conflicto con la ley Penal. A su vez, se habló sobre la importancia de que existan referentes para ellos, y que esto no implica que sea necesariamente un integrante de su familia.

    En los próximos encuentros se debatirán otros ejes temáticos, como el uso de medidas alternativas y restaurativas, las sanciones para cada tipo de delito, las condiciones de detención y la situación actual de los institutos para menores, los sistemas de información y la edad a partir de la cual los menores pueden ser imputables, entre otros temas.

    Los coordinadores del evento fueron Alejandra Quinteiro, titular de la Oficina de Apoyo a la Justicia Penal Juvenil del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y José Ricardo Piñero, representante de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba.

    Patrick Haar
    Mesa Sistema Penal Juvenil
    Fueron parte de la mesa representantes de organismos como UNICEF (Florence Bauer), el Congreso nacional y organizaciones civiles de las provincias de San Luis, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Santa Fe, Neuquén y Buenos Aires, así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Además, se contó con la participación de Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), y representantes del Comité Nacional de Pediatría Social, de la Sociedad Argentina de Pediatría.

    fuente:
    http://www.vocesporlajusticia.gob.ar/comenzo-debate-sistema-responsabilidad-penal-juvenil/

  9. Cuando los medios masivos de comunicación transmiten información, lo realizan por lo general, desde una bajada de línea, sin posibilidad de que los sujetos logren una crítica constructiva respecto temas que se debaten en la actualidad. Además tienen la capacidad de poner sobre la mesa ciertos temas que influyen en la agenda y opinión pública. En este sentido, se tomó un artículo periodístico realizado por el diario “Clarín” el cual se titula “La Chica que mato con el Mini Cooper se presentó ante la justicia y pidió perdón”. Se trató de una “adolescente de 15 años” que conducía un auto de alta gama, a más de 100 k/h en la Provincia de Misiones quien mató a un joven de 22 años que trabajaba en una estación de servicio y pide perdón.
    Este medio se muestra por ejemplo, al referirse a los sujetos que son de clase media alta involucrados en algún delito o crimen como “la adolescente o la chica” diferencia de los sectores populares a quienes se refieren como “menores”.
    Es interesante además como al tener el apoyo de su padre, propietario de una concesionaria, se haría responsable de la situación de su hija, sin embargo los adolescentes de sectores populares que comenten algún crimen se le aplican pena sin proceso penal. en este sentido, el diario agrega “Por su parte, Josué Páez, dijo que se hará cargo de la responsabilidad civil y afrontará el pago de la indemnización que fije la Justicia en el caso de que haya una demanda de los familiares del motociclista Juan Francisco González, quien tenía 22 años y una hija de dos años, “El juez Jiménez dijo que en los próximos días judicializará el sumario que le envió la Seccional 18, que intervino en el accidente, y recién la próxima semana podría aplicarle algún tipo de medida restaurativa y reglas de conducta”
    En este sentido la autora Silvia Guemureman (2014), retoma el concepto de “penalidad líquida” de Baumann haciendo referencia a como la justicia actúa diferente de acuerdo a la clase social “aun cuando llegan a la justicia, los presuntos autores pueden comprar todo el stock de derechos y garantías del mercado y las causas se diluyen sin consecuencias jurídicas gravosas para los imputados. Por eso, se ha pergeñado el concepto de “penalidad liquida”, administrada por la justicia, que se transforma a sí misma en “justicia Liquida”. A diferencia de los sectores populares quienes reciben una “justicia de mano dura”

    – Guemureman S. (2014) “Los “unos” y los “otros”. Del tratamiento judicial que reciben los adolescentes y jóvenes que cometen delitos. En Revista Ciencias Sociales. UBA, n 85.

    http://www.clarin.com/sociedad/mini-cooper-presento-justicia-perdon_0_r1lm6us5.html

  10. Siguiendo el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad seleccioné un artículo publicado por C5n donde distintos especialistas rechazan el plan del gobierno actual de bajar la edad de imputabilidad en cual los adolescentes de 16 años pasarían hacer juzgados bajo el sistema penal adulto. Me pareció interesante el artículo para poder conocer por que es necesario no bajar la edad de imputabilidad.
    En relación a la propuesta del gobierno de discutir un nuevo sistema punitivo para menores de edad, estos especialistas coinciden en la necesidad de crear un nuevo régimen penal juvenil que deje atrás la ley 22.278 sancionada por la última dictadura militar, pero se oponen a la idea regresiva de bajar la edad de punibilidad. Se considera que cualquier proyecto que proponga la baja de imputabilidad es inconstitucional, ya que viola el principio de regresividad, donde no se puede regresar de un derecho ya adquirido. Es necesario que los derechos de estos niños/as y adolescentes se satisfagan en su plenitud.
    Además de vulnerar los derechos de estos niños/as y adolescentes con la baja en la edad de imputabilidad en muchos casos se estigmatiza como “pibxs chorros” a pibes/as y adolescentes por su condición de pobreza. Guemureman, Silvia en relación a esto expresa que los ”pibes feos, sucios y malos” siguen siendo destinatarios de conceptos estigmatizantes, siguen siendo gobernados por el sistema penal, la coerción, el control, en cambio los jóvenes ricos, portadores de status sociales reconocidos siguen siendo tratados a través de la reconversión de “casos” criminales en casos sociales, la “penalidad liquida”. Como aporta la compañera anteriormente las clases medias acomodadas siguen siendo una excepción.
    Se debe comprender que es necesario establecer un sistema de responsabilidad juvenil que brinde una respuesta adecuada a esta población. Además se debe tener en claro que un niño que comete un delito no pierde por ello su condición de ser niño y debe ser tratado como tal, se deben tomar medidas que permitan a este niño integrarse a la vida en sociedad, y sobre todo deben ser escuchados.
    En este sentido considero que pensar la problemática de niños/as y adolescentes en conflicto con la ley penal requiere una discusión y un debate más amplio. Requiere, entre otras cosas, discutir el rol de las fuerzas de seguridad, la garantía de que niños/as, adolescentes y sus familias puedan ejercen plenamente sus derechos, y la implementación de políticas públicas integrales con perspectiva de derechos.

    Artículo http://www.minutouno.com/notas/1537561-especialistas-rechazan-el-plan-del-gobierno-bajar-la-edad-imputabilidad

  11. Para analizar un poco el tema en el cual nos estamos adentrando en este seminario de verano, me pareció pertinente tomar dos notas http://www.clarin.com/politica/gobierno-quiere-bajar-edad-imputabilidad-16-14-anos_0_rkhCZUcSg.html y http://www.telam.com.ar/notas/201701/175637-garavano-baja-edad-imputabilidad.html en las cuales se hace referencia a la clara intención del gobierno de bajar la edad de imputabilidad de los 16 años a los 14 años. Como bien se sabe esto hace parte del discurso que se viene manejando desde el Estado desde hace un par de años con respecto a lxs niñxs, jovenes y adolescentes. Si bien existe la sanción de LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Ley 26.061, hoy en día nos encontramos con muchisimas inconsistencias para llegar a cumplimentar dicha ley. Ya fuese por el presupuesto nacional otorgado a las políticas públicas en juventud, o bien como sucede hoy, el discurso rapaz y feroz de un gobierno neoliberal al que le tiene muy sin cuidado la protección de lxs niños, jóvenes y adolescentes de la Argentina.
    De esta manera es posible evidenciar el doble discurso que maneja el gobierno nacional actualmente donde el ministro Gravano dice: “Nuestro objetivo es que en el futuro haya menos jóvenes en conflicto con la ley penal; que cada vez sean más los que estudien y trabajen y que sean valorados socialmente para lograr una sociedad más pacífica”, remarcó el ministro. En esa línea, la intención oficial es que el nuevo régimen penal juvenil esté orientado esencialmente a la reinserción de los jóvenes más que al castigo y el cumplimiento de una condena. Es posible marcar como lo dice Gutierrez, citando a Bourdieu “existen en el mundo social mismo y no solamente en los sistemas simbólicos, lenguaje, mito, etc., estructuras objetivas, independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, que son capaces de orientar o de coaccionar sus prácticas o representaciones” (Bourdieu, P. 1988, 127) En este sentido, el tema juvenil, el “problema juvenil” como lo menciona el gobierno y muchos actores, se está convirtiendo en nuestros días un estructura estructurante. Se está construyendo un miedo hacia el joven, hacia ese joven juzgado como peligroso, delincuente (obvio esto no es a todxs lxs jovenes, sino aquellos que poseen condiciones más desfavorables) y esto se está volviendo parte de nuestro habitus, de nuestra forma de habitar y el mundo y co-habitarlo, de enseñar a otrxs a tener cuidado con “el pibe de la gorra”. Es por esto que resulta imprescindible que podamos, como futurxs profesionales, adentrarnos en ese campo, en el ese campo de la juventud y dar la disputa. “Si por una parte la estructura del campo social es definida en cada momento por la estructura de la distribución del capital y de los beneficios característicos de los diferentes campos particulares, en cada uno de estos espacios puede ponerse en juego la definición misma de lo que está en juego y las respectivas cartas de triunfo. Todo campo es el lugar de una lucha más o menos declarada por la definición de los principios legítimos de división del campo” (Bourdieu, P. 1985: 28)

  12. En calle 61 e/ 14 y 15 de la ciudad de La Plata se encuentra un mural -de los tantos- que plasma la historia de Cayetano Santos Godino más conocido como el Petiso Orejudo, caracterizado como “monstruo” social.
    Este joven a muy temprana edad cometió varios crímenes, y tenía un comportamiento que no se correspondía con el de sus pares. Por esto y bajo los condicionamientos existentes de la eugenesia, es decir, el mejoramiento de la raza a través de diferentes mecanismos de selección, fue imputado, incluso siendo menor de edad.
    Fueron los entendidos postulados del positivismo de esa época que planteaban el peligro de la otredad, como un riesgo para la población, estableciendo un poderoso sistema catalogador aunado en pos de la llamada ‘defensa social’, que ubicó a aquellos ‘residuos sociales’ dentro de las omnicomprensivas categorías de enfermos o criminales.
    Marina Medan, en su texto propone la dimensión generacional como argumentación a la necesidad exhibida de “controlar ciertos comportamientos que se consideren contraproducentes para el orden social”, estableciendo un punto en común con el reproducido por la sociedad civil, los medios de comunicación y los ámbitos estatales respecto a la juventud y la criminalidad. La supremacía del adultocentrismo por sobre todo.
    La “ciencia de la identificación” creada por Vucetich, refrendada por Galton y coronada por Lombroso, hicieron lugar a un mecanismo de detección de criminales a través de sus huellas o caracteres externos. Para Lombroso la criminalidad de las personas, podía ser advertida en la biología y en las formas fenotípicas de las personas (armonización de las formas). Entre las características que se detallaban como determinantes de riesgo social, se podían nombrar asimetrías craneales, determinadas formas de mandíbula, orejas, arcos superciliares, etc.
    Mariana Chaves nos explica que el discurso del “pánico moral” es aquel que nos acerca -a través del miedo-, a la idea de desvío y peligrosidad de los jóvenes. Esta inquietud pública es la que pone en movimiento los mecanismos culturales que ultima la acción intensificada de control y represión que habituamos.
    La historia de Godino era común a la promiscuidad, la miseria y la marginalidad, A éste –que también se sumaba su condición de hijo de inmigrantes italianos-, el pensamiento biotipologísta lo llevó a ser operado de las orejas, como método de corrección de esa ‘anormalidad criminal y maliciosa’ que preocupaba a las autoridades.
    Resumiendo, pretendo ejemplificar con este aporte, la mirada compartida en el Seminario acerca de las construcciones acerca del joven, varón y pobre. Joven que se lo lee por la potencialidad de la acción, no por lo que él es en relación a los demás sino por lo que es o puede ser en sí mismo. Esta mirada cercena, simplifica e imposibilita la desnaturalización del discurso y la capacidad social completa del joven.

    Link a fotografía del mural:
    http://subefotos.com/ver/?181ff29d37d034818f9c066e480dc670o.jpg

  13. Sumado a lo que aportaron las compañeras me parece importante resaltar mi opinión acerca de la baja de la impunidad mencionando lo que expresa kessler, donde los jóvenes de los sectores populares son, y siguen siendo, las víctimas de las distintas formas de violencia policial y que son los menos beneficiados en cuanto al control social, que tienen o dan algunos sectores para la sociedad. Me considero en contra de la baja de la minoridad, conservando el régimen penal que viene instaurado desde la dictadura militar, no pasando por alto, que los jóvenes al mismo tiempo se consideren niños.
    Considera que deben existir otras alternativas en cuanto la relación jóvenes y policía, ya que, como menciona Kessler, en las últimas dos décadas, ha aumentado el incremento de la preocupación por la seguridad, que ha conducido a la demanda de mayor presencia policial y control social en las calles. Desde muy temprana edad, tanto los jóvenes como mujeres entrevistados, suelen ser parados y revisados insistentemente por la policía en situaciones cotidiana. Esta situación es considerada por los jóvenes como una situación discriminatoria e injusta, debido a que son detenidos dependiendo su manera de vestir, cortarse el pelo o sus rasgos fenotípicos. Esto se ve principalmente en los jóvenes de sectores populares, que se ven vulnerados sin un control social. Se ve reflejada la violencia policial extrema, caracterizando al joven de este sector, como joven de riesgo o “sospechoso” para nuestra sociedad, dándose un abuso de la autoridad con actitudes de humillación para con los jóvenes. Cuando se describe el tipo de relación que establecen los jóvenes con la policial, aparecen menciones sobre violencia extrema (casos de gatillo fácil o importante maltrato físico, no siendo el único tipo de violencia utilizado. A esto se la suma violencia referida a humillación, discriminación y hostigamiento), según cita Kessler.
    En relación al tema tratado anteriormente , seleccione un artículo de página 12 “La violencia que discrimina” que hace referencia a sistemas aplicados de seguridad, especialmente sobre sectores vulnerables de la sociedad, poblaciones pobres, en especial jóvenes, violencia que señala como un ámbito de reproducción de desigualdades sociales. Se habla de gendarmería con sub-protección y sobrevigilancia en los barrios más vulnerados, lo que de por si implica un soporte y aumento de la discriminación mediante la ocupación territorial y control de los sectores más pobres.

    https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/235941-66163-2013-12-18.html

  14. Siguiendo la línea de las compañeras, que refieren a la definición de Kessler de control social, utilizamos una noticia del diario Página 12 titulada “Presos por unas galletitas”, en la que dos jóvenes de 13 y 16 años fueron detenidos porque uno supuestamente había robado un paquete de galletitas y el otro se había acercado a ayudarlo. En la noticia aparecen varios elementos que podemos vincular directamente con el texto de Kessler y Di Marco “Hostilizados, sobrecontrolados y subprotegidos. La interacción policía y jóvenes en el conurbano bonaerense.”, donde se hace referencia a las múltiples formas de microviolencia que sufren los jóvenes de los sectores populares, basadas en la humillación, la discriminación y el hostigamiento.
    Como dicen los autores, se contraponen en la sociedad dos tendencias que son por un lado, la mayor conciencia social respecto del problema de la violencia policial, y por otro, el incremento de la preocupación por la seguridad que conduce a una mayor demanda de presencia policial y control social. Esta última se ve reflejada claramente en la nota periodística, ya que para “controlar” a estos dos chicos se necesitaron seis patrulleros y más de cuarenta efectivos policiales, intentando así demostrar la eficacia de su accionar, utilizando la violencia y el abuso de poder.
    Nos parece importante destacar además, la noción de riesgo que propone Medan, porque permite romper con el discurso establecido por los medios masivos de información que impregnan con estigma de peligrosidad a los jóvenes, que “ponen en riesgo a la sociedad”. La autora propone pensar en los riesgos a los que se someten los jóvenes frente a las adversidades “Sin trabajo, sin redes de contención, sin las credenciales educativas exigidas por el mercado y sin oportunidades para lograrlas, muchos jóvenes sienten su seguridad personal y social fuertemente jaqueada (…) La asunción de estos riesgos se realizaría con el fin de no caer en otros; por ejemplo, un estado mayor de marginalidad. ”
    El riesgo al que se enfrentan los jóvenes de los sectores populares, es que te persigan más de 40 efectivos con 6 patrulleros, por un paquete de galletitas.

    Nota: https://www.pagina12.com.ar/21294-presos-por-unas-galletitas
    Yapa: https://camiloblajaquis.blogspot.com.ar/

  15. Para aportar a la construcción del análisis retomo nota del diario nacion.
    “La repercusión del caso de Brian aceleró el debate sobre la imputabilidad de menores. A raíz de su asesinato, el gobierno anunció que convocarán a “una comisión de expertos” para que elabore un anteproyecto de reforma del régimen penal juvenil. Entre los temas a discutir está la edad mínima para ser juzgado, que en la Argentina es de 16 años. El Gobierno ya expresó su intención de bajar el límite a 14 años”
    en este sentid es interesante analizar y poder reflexionar sobre como este tipo de situaciones son retomadas en determinados contextos para sancionar,vetar leyes, como se utilizan este tipo de situaciones y son mediatizadas a los solos fines de conseguir si se quiere una cierta legitimación del pueblo.
    En ese sentido la nota expresa”La edad de imputabilidad en la Argentina es de las más alta de Latinoamérica. En países como Brasil funciona un régimen intermedio de “responsabilidad social”, que permite que algunos adolescentes que están por debajo de la edad de responsabilidad criminal sean juzgados en caso de que cometan algún delito”.
    En estas situaciones solo se observa, analiza, construyen ideas que se delimitan solo al castigo, a la institucionalizacion, al encierro, al peligro. y estas nociones se producen y reproducen en la cotidianidad de nuestros días.A mi criterio ocultando un todo mucho peor, formas de resistencia del antiguo paradigma tutelar que en determinadas practicas aun coexistente pero que se promulgan para ser legisladas nuevamente.Apoyados en el sustento de la in eficiencia en la practica del sistema de promoción y protección, producto de la FALTA DE POLÍTICA PUBLICA EN NIÑEZ.

  16. En el articulo periodístico seleccionado de el diario página 12 se presentan dos discusiones sobre la reforma de la ley y la baja de imputabilidad en menores de 16 a 14 años de edad
    En lo que respecta al debate sobre la necesidad de modificación de la ley es una tarea necesaria y concordamos con lo antes dicho ya que la misma ha sido heredada por un gobierno dictatorial, donde las leyes de control junto a otras atrocidades fueron ejes transversales.
    En lo que refiere al debate actual sobre la baja de imputabilidad nos interesa además poder ver como el entramado de una necesidad que esta íntimamente relacionado con el debate de seguridad-inseguridad y que en una repuesta inmediata se traduce en mas castigos a los “culpables” y mayor control. La baja de imputabilidad es una repuesta de determinados sectores que aumentan el control y las sanciones para los jóvenes fundamentalmente, los mismos pertenecen en su gran mayoría a una clase social determinada y sobre los cuales no hay interrogantes acerca de los derechos que se les han vulnerado,esos sectores de la sociedad muchas veces no están interesados ni enterados de el riesgo moral o material que estén padeciendo esos jóvenes sino que simplemente quieren una medida disciplinaria sin tener en cuenta que al condenar a los jóvenes menores sin primero ver su participación en el hecho se les esta vulnerando el derecho a la infancia el cual es uno mas de los que en varios casos son transgredidos desde el nacimiento por el incumplimiento de las necesidades básicas

    Nota: https://www.pagina12.com.ar/12393-una-iniciativa-con-tinte-electoral

  17. A partir de lo trabajado hasta el momento en el seminario y considerando el tratamiento que principalmente los medios de comunicación en nuestro país suelen darle a la temática, me resultó interesante tomar la nota que se adjunta en el anexo a partir de pensar los discursos que circulan en torno a los jóvenes que atraviesan el sistema penal juvenil y las distinciones que en las prácticas se realizan sobre ellos por su posición social.
    En la nota periodística se destaca que si bien por lo que establece la ley del régimen penal juvenil los jóvenes menores de 16 años no pueden ser juzgados ni condenados, aun hasta hoy en día y por cuestiones meramente subjetivas, un juez puede decidir que un joven menor de 16 años sea trasladado a un centro cerrado; estas disposiciones al ser clasistas y discriminatorias afectan en la mayoría de las veces a los jóvenes de clases populares.
    Como plantea Guemureman en el texto Los “unos” y los “otros”, en los medios masivos de comunicación se genera una diferenciación al momento de presentar noticias relacionadas a jóvenes y hechos delictivos que está asociada a cuestiones de clase. Mientras se criminaliza a los jóvenes de sectores populares en la seccional policiales, suele darse un manto sacralizador a los hechos protagonizados por jóvenes de sectores medios y altos y asociar a los mismos a problemas de convivencia aislados. Frente a esto la opinión pública produce un perfil “tipo” de aquellos jóvenes que atraviesan por el sistema penal juvenil y se condena socialmente a los jóvenes de sectores populares.
    Considero que si bien resulta necesario revisar y modificar el régimen penal juvenil vigente desde la última dictadura cívico militar en nuestro país, el mismo debería realizarse apostando a la ampliación de derechos y protecciones y bajo ningún punto de vista a la baja de edad de imputabilidad.

    Anexo:
    http://chequeado.com/el-explicador/baja-de-imputabilidad-cual-es-el-perfil-de-los-adolescentes-en-conflicto-con-la-ley-en-el-pais/

  18. Restricciones migratorias de Argentina
    Decreto de necesidad y urgencia

    Traigo estudios del CELS sobre la temática de Migraciones Argentinas, para pensar las nociones de control social.

    La Ley de Migraciones sancionada por el Congreso en 2003, y que ahora ha modificado el presidente Macri, consignaba el retiro de la residencia y la expulsión de los extranjeros que cometieran delitos penados con más de cinco años de cárcel, o que bien hubieran incurrido en el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas o el lavado de dinero.
    Por otro lado, prohibía el ingreso al país de los extranjeros que hubieran sido condenados a más de tres años de cárcel.
    Uno de los cambios sustanciales en la política migratoria de Argentina es el que agiliza los trámites para las órdenes de expulsión se prolonguen hasta un máximo de dos meses.
    Migraciones sí tenía la autoridad de retirar la residencia y expulsar a los inmigrantes con penas privativas de libertad de cinco años o más.
    Ahora es el Poder Ejecutivo, en términos generales, el que tiene la última palabra a través de las autoridades migratorias; por eso el Gobierno ha podido acortar los plazos recursivos para expulsar a una persona.

    el presidente Mauricio Macri emitió un decreto que frena la inmigración a Argentina y hasta declaró que los recién llegados de países más pobres de América Latina traen consigo el crimen.
    El nuevo decreto de inmigración dice estar enfocado en combatir el crimen, argumentando que el 22 por ciento de los internos en el sistema penitenciario federal son extranjeros (si se toman en cuenta todas las prisiones del país, la cifra ronda el 6 por ciento).

    El decreto menciona específicamente al “crimen organizado” como el motivo de las medidas enérgicas, pero extiende los delitos que justifican la expulsión o bloquean la entrada de manera que incluyan cualquier crimen que pudiera llevar a una sentencia de cárcel. A muchos les preocupa que los inmigrantes puedan ser deportados ahora por delitos menores, como bloquear una vía de tránsito durante una manifestación.

    Los críticos afirman que las nuevas restricciones se enfocan en los inmigrantes pobres para distraer la atención de la economía, que permanece bastante inactiva más de un año después de que Macri subió al poder prometiendo que las políticas que favorecen al mercado conducirían al crecimiento.

    En el articulo se encuentra presente diferentes comentarios de personas en donde expresan su opinión acerca de tal Decreto, una de ella dice “Nadie quiere que llegue la escoria de otros países”, “Muchos extranjeros llegan aquí porque los servicios de salud y la educación son gratis. La ley debería ser aún más estricta”.

    Es una opinión que la veo muy naturalizada en la sociedad, no estoy de acuerdo porque como debatimos en un encuentro del seminario, son mas elevados los porcentajes de crímenes cometidos por sujetos argentinos que por inmigrantes. También coincido con el articulo cuando menciona que se le esta poniendo la atención a la Ley de Migraciones para “distraer” la atención económica actual del país.

    En relación al texto de Saravi, G. (2004), el cual hace una distinción entre “nosotros y ellos” y la diferenciación del estatus social, este nuevo decreto aumenta tales diferencias hacia los inmigrantes, ya que actúa como fuente de estigmas. El autor menciona que “la asociación entre atributos socioculturales y espaciales se constituye así en un mecanismo de exclusión”. La Ley es exclusiva, no tiene como fin la inclusión de los inmigrantes, sino que los clasifica como peligrosos para la sociedad.

  19. A partir de los autores y las diferentes categorías como control social, complejo tutelar y riesgo que leímos en clase, decidí analizar un artículo de “El diario de Madryn”, el mismo habla sobre un hecho ocurrido hace pocos meses en la ciudad de Trelew, en donde un joven de 17 años, sustrajo una camioneta, que termino colisionando contra otro vehículo, produciendo la muerte de un joven de aproximadamente 35 años de edad. El hecho tuvo repercusiones tanto en los medios como en las calles. “A través de las redes sociales, familiares y amigos de la víctima convocaron a marchas para pedir Justicia, cadenas de oración y una misa para pedir por la salud de “Rocko”
    El articulo contiene un subtitulo que dice “el delincuente a la casa”, en donde plantea que “Por ser menor de edad, el joven que manejaba borracho y provocó el grave accidente, fue restituido a su hogar y permanece en su domicilio, “quejándose de dolores de espalda mientras Gustavo pelea por su vida”, según indicó un conocido de la víctima”. A partir de esto se armo un debate en redes sociales y medios locales sobre “la baja de edad de imputabilidad y el grado de responsabilidad que posee cada individuo”. El Procurador General, Jorge Miquelarena en torno al debate dijo “A nivel nacional se está hablando de bajar esta imputabilidad, que hoy por hoy está a partir de los 16 años, llevándola a catorce años, más o menos en línea con lo que dicen los países de Latinoamérica, ya que a excepción de Brasil, que tiene 18, o Cuba, que tiene 16 como nosotros, el resto de los países tienen 14 y algunos, hasta trece años”, expresó el Procurador General. En relación al caso que involucra a “J.S.” y Gustavo López como víctima, anticipó que “vamos a hacer una investigación y vamos a tratar de ser lo más rigurosos posible, porque hechos de esta naturaleza no se pueden tolerar; no se trata, además, de una persona que cometió una travesura, le sacó el auto al padre y tuvo la desgracia de tener un accidente en la ruta y lastimar a otro; estamos hablando de un caso totalmente distinto”. En relación a esto el texto de Balerio y Rosich en “La educación social y el control de los adolescentes en conflicto con la ley penal” plantea que en las intervenciones educativas sociales dirigidas a adolescentes en conflicto con la ley penal conviven dos caras opuestas: el control social y la educación social. Los autores plantean que tal paradoja no se hace presente ya que falta una de las caras, en general la educativa. En las palabras expuestas por el Procurador General Miquelarena y en relación a los autores antes mencionados, se puede reflejar cómo los adolescentes captados por el sistema de justicia juvenil son extremadamente vulnerables a su poder. “el ejercicio del poder punitivo del Estado encuentra en los jóvenes pobres buenos candidatos para sus políticas represivas. Pero malos destinatarios de las políticas sociales, no porque las rechacen, sino porque ellas no les llegan. En relación al joven de 17 años, no se está interviniendo desde una perspectiva de Derechos Humanos, ya que no tiene la libertad de optar “y para optar debe conocer, porque se trata de un ciudadano, y como tal con derecho a la educación”. Estoy de acuerdo con los autores en que la educación social es una disciplina propicia para dar sustento a una tarea educativa con jóvenes que han cometido infracciones con la ley, con un horizonte en el que encuentran expresión una serie de contenidos para la movilidad y circulación social, teniendo como horizonte la inclusión social del sujeto, y que para que pueda expresar una dimensión amplia de la cultura.

    Link de la noticia : http://eldiariodemadryn.com/2017/01/un-hecho-grave-volvio-a-poner-en-debate-la-edad-de-imputabilidad-en-chubut/

  20. Para trabajar en torno de las categorías de control social, riesgo y complejo tutelar, hemos seleccionado un extracto del libro “Patas arriba” de Eduardo Galeano, que nos permite pensar que en todo campo hay un orden establecido que quiere predominar y un aparato coercitivo del Estado que busca sostener ese orden. Galeano plantea:

    “El racismo se justifica, como el machismo, por la herencia genética: los pobres no están jodidos por culpa de la historia, sino por obra de la biología. En la sangre llevan su destino y, para peor, los cromosomas de la inferioridad suelen mezclarse con las malas semillas del crimen. Cuando se acerca un pobre de piel oscura, el peligrosímetro enciende la luz roja, y suena la alarma.”

    A partir de esto, podemos considerar que un imaginario instituido en nuestra sociedad es el de “presunción de peligrosidad”, es decir, ¿Quién es el sospechoso? ¿A quién se busca controlar? ¿Qué actores instalan esto como problema?

    En este sentido, podemos ver que la condición social genera una gran estigmatización hacia aquellos jóvenes pertenecientes a los sectores populares. Existe un estereotipo del joven pobre que se basa en asociar ciertas características como la vestimenta, el color de piel o el barrio en el que vives con cierto imaginario de delincuente.

    La inseguridad se instala como problema social, es decir, como algo que concierte a toda la población y que requiere de una solución urgente. La opinión pública elige la seguridad antes que la justicia y ejerce presión a fin de que se desplieguen intervenciones que nos lleven a tener una “vida tranquila”. Los medios masivos de comunicación son grandes responsables en seguir alimentando este reclamo e instalan una imagen de delincuente que justifica prácticas institucionalizadas y sistemáticas por parte de las fuerzas de seguridad.

    Consideramos que esta cita nos permite pensar la manera en que la sociedad criminaliza a la pobreza y justifica esa estigmatización. Actualmente, se presenta un debate en torno de la baja de la edad de la imputabilidad, en donde existe una gran mayoría de la población que considera que esa seguridad que tanto se reclama se propiciara a partir de la baja de la edad punible. De esta manera podemos ver como la discusión se centra en el riesgo que se considera que ese joven instala en la sociedad, desplazando un punto central que refiere, a la situación de vulnerabilidad en la que este se encuentra.

  21. en base a la bibliografia planteada y a los debates surgidos en clase, me propongo poner en debate el hecho de que no solo la legislacion vigente sobre minoridad, la cual surge en epocas de dictadura, presenta como una caracteristica el hecho de ver al adolescente como peligroso, peligroso social, siguiendo un modelo tutelar. cambiaron las epocas pero sin embargo los chicos de clase baja siguen siendo destinatarios de conceptos estigmatizantes, negativizados; lo cual no sucede con chicos que poseen una mejor posicion economica. creo que hace falta un cambio social en cuanto a la forma de ver a los adolescentes, porque en gran parte es la sociedad la que reclama el castigo de los actos ilicitos de los jovenes, sin importar si hay alguna alternativa a la privacion de libertad y que prevalesca el interes superior del niño. los medios de comunicacion tambien influyen mucho sobre el impacto en la sociedad, maximisando actos cometidos por jovenes de los sectores populares y no asi con aquellos que estan en una mejor posicion. apunto a que no solo debe haber un cambio en cuanto a la legislacion, sino tambien apuntar a la concientizacion de la sociedad, que no solo se apunte a exigir control y castigo hacia los jovenes, que se puedan priorizar otras alternativas que ayuden a ese joven a mejorar su situacion.

  22. Voy a realizar un análisis en torno a una cuestión actual como lo es la baja en la edad de imputabilidad ya que en el ultimo tiempo ha sido tema de varias discusiones. A favor de ella se encuentran varios sectores de la sociedad. Tome como referencia un documento presentado desde correpi, el cual lei hace unos meses y me pareció interesante para poder pensar tanto la problemática como la importancia de tratar dichos temas. Desde este documento se da cuenta de la diferencia que tiene esta tematica y sus “castigos” dependiendo el sector social al que se pertenece lo cual se vincula directamente con la bibliografía trabajada. Hay una puja constante desde los distintos sectores, las distintas disciplinas con respecto al tema. Este resurgió sobre todo desde el posicionamiento del propio presidente, y sus pares, como asi también los medios hegemonicos de comunicación que intentan instalar la idea de que el roba, delinque debe tener su castigo ; y estos tienen mucha importancia en el común de la poblacion ya que son quienes “tienen el poder” de instaurar en la sociedad ideas como única via y solución a esta problemática de la juventud, la inseguridad y el delito. “Nos saturan desde los medios hegemónicos con afirmaciones como que, en Argentina, ser menor de 16 años es tener licencia para matar. Silencian que, con las actuales leyes vigentes, ningún pibe, culpable o inocente, es impune si es pobre. Si tiene más de 16 años, va a juicio como cualquiera, sólo que lo juzga un tribunal que tiene un cartelito en la puerta que dice “Menores”, y, en lugar de ir a una cárcel, va a un instituto, como el Rocca, el San Martín o el Belgrano, donde el mismo cartelito es la única diferencia”
    A modo de análisis pretendo posicionarme, claramente, en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Entendiendo a esta desde una totalidad, es decir, como un conjuntos de distintos factores que hacen que un joven tenga que llegar a estas situaciones. No encontrando la solución en meter presos a los pibes a una menor edad, sino que entendiendo a la problemática desde sus multiples determinaciones. Problematizando porque un pibe de 14 años tiene la necesidad de salir a robar, de salir a matar, etc. Otro tema a tener es que nunca es la misma pena para un chico de clase baja que para uno con mayor poder adquisitivo. Porque siempre estos pibes que delinquen (según el imaginario social) son pobres, estigmatizados por el propio sistema y por la sociedad misma. Y esto no es algo nuevo, sino que viene desde hace muchos años. “Cambiaron las épocas, cambiaron los fantasmas, cambiaron los temores, cambió la economía general de miedos, pero los pibes “feos, sucios y malos” siguieron siendo destinatarios de conceptos estigmatizantes, siguieron siendo demonizados y siguieron siendo gobernados por el sistema penal, la coerción y el control, y los jóvenes ricos, pulcros y portadores de estatus sociales reconocidos(…)” (GUEMUREMAN. S. (2014)” LOS UNOS Y LOS OTROS”.
    La autora plantea que cuando la violencia de la clase media vulnera los derechos y los bienes de las clases más bajas, se trata de cuestiones a ser abordadas dentro de las estructuras de control social proactivas, especialmente las instancias educativas, con los grupos de padres, y apelando a las fuerzas vivas de la comunidad, aun cuando la vulneración de derechos llegue hasta la supresión de la vida instancias educativas, con los grupos de padres, y apelando a las fuerzas vivas de la comunidad, aun cuando la vulneración de derechos llegue hasta la supresión de la vida.(…) En los casos en que la responsabilidad es más difusa se desplaza la responsabilidad social hacia la responsabilidad individual y se la reconvierte en culpabilidad social de clase, aunque semejante denominación erice la sensibilidad de los funcionarios políticamente correctos, que prefieren hablar de políticas de prevención social y situacional, aunque dichas políticas de prevención contengan elementos coercitivos y punitivos en dosis cada vez más crecientes y se mixturen con las estrategias de tipo securitario que reculpabilizan a la victima social, y le asignan el mote de “peligrosa” aun antes de que cometa un delito. Idea super clara y en relación con el articulo seleccionado.
    Desde el articulo propuesto como desde el propio seminario, se considera al sujeto de intervencion ( los niños/jóvenes) como un sujeto en construcción permanente, el cual no es un sujeto universal y definido de una vez sino que se encuentra en constante transformación. Es por esto que son los profesionales y quienes estamos en proceso de formación los que debemos darle total relevancia al tema y luchar por los derechos de aquellos que “no tienen voz”.

    Anexo: http://correpi.lahaine.org/?p=1857

  23. En base a la actividad propuesta y en el marco del debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, me pareció relevante, entre tantas otras notas que surgen hoy e los diarios relacionados con el tema, destacar aquella que fue publicada en el dario página 12 el día 20 de febrero en la que se relata la situación en la que dos jóvenes de 13 y 16 años fueron detenidos de forma violenta en el barrio de La Boca por robar un paquete de galletitas. Entiendo que no es casual que estas situaciones de detención arbitraria y violenta se den en este momento, en que considero se quiere intentar justificar o legitimar la mano dura, los abusos de poder así como también la necesidad de que más niños sean punibles, construyendo y alimentando una imagen de “jóvenes delincuentes” que hay que controlar y disciplinar. En esta nota en particular se tienen en cuenta otros actores que dejan ver que la realidad muchas veces es distinta a lo que se muestra en los medios de comunicación. El hostigamiento y violencia directa que sufren los jóvenes cotidianamente por parte de la policía refieren a un vínculo que Kessler y Dimarco llaman conflictivo y que en general posee un sesgo discriminatorio basado en atributos de clase. Este aspecto podría relacionarse con un proceso de construcción histórica que se ha dado acerca de la existencia de una supuesta relación directa entre los niños pobres y la delincuencia y que ha dado lugar a prácticas diversas por parte del llamado Patronato de Menores. Guemureman, en su artículo, señala como históricamente hubo un tratamiento judicial y mediático diferente para aquellos jóvenes pertenecientes a la clase baja, quienes siguieron siendo demonizados y gobernados por el sistema penal, la coerción y el control. La nota da cuenta de cómo diferentes actores, posicionados en tensión ante lo sucedido, ya sea abogados o referentes territoriales, que se posicionan de manera crítica acerca del abordaje y la intervención ante determinadas situaciones de necesidad de los jóvenes, nos proponen pensar acerca otras estrategias y alternativas posibles a la violencia, el control y el encierro como muchos pregonan como solución.
    ANEXO: https://www.pagina12.com.ar/21294-presos-por-unas-galletitas

  24. Elegí el artículo de opinión del diario La Nación, que plantea puntos a favor y en contra en el debate re-abierto por el gobierno macrista respecto a la baja de imputabilidad, a tratarse en el Congreso. No obstante, la tendencia general del editorial en cuestión es un apoyo a la baja de la imputabilidad, de dieciséis (16) a catorce (14) años. Los pilares de esa argumentación son: el crescendo de violencia que protagonizan menores de edad y que el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad permitirá traer otras discusiones a la luz. Estos dos puntos serán puestos en duda a continuación.
    Tomando a los autores trabajados en el seminario, podemos parafrasear a Kessler y Dimarco, que mencionan dos líneas contrapuestas que están en constante tensión en la sociedad argentina contemporánea: (1) por un lado, una conciencia social sobre la violencia policial y las necesidades de intervención para disminuirla, y (2) por otro lado, una reivindicación por la seguridad, que exige la presencia de los efectivos policiales ante el aumento de la delincuencia en menores. Si bien el artículo no está pensando necesariamente en estos autores, puede verse como pretende superar esa dicotomía: el acrecentamiento de la violencia en menores justifica el acrecentamiento de la presencia policial y, en ello, elimina la tensión entre los fenómenos que mencionan Kessler y Dimarco. Para ello, se repasan crudamente el caso del jubilado de 87 años, asesinado a palazos por un menor de 14 años, y de Brian de 14 años, que murió presuntamente en manos de otro joven de la misma edad. Todo en pos del bien de la sociedad, y siguiendo la línea de autores (que no especifica) y una mayoritaria opinión pública (que no aclara en porcentajes de encuesta).
    El segundo pilar es que la baja de la imputabilidad puede traer a visibilidad otros factores que hacen a la delincuencia juvenil, para buscar lo que denomina como «soluciones de fondo», y cómo por sí sola no puede resolver el delinquir entre menores. Entre ellas, menciona el rol de la reconstitución de lazos familiares y con las instituciones educativas, así como las fallas del sistema carcelario. Aún más, menciona como en México solo la proclamación de una imputabilidad de catorce años no ha evitado que niños más pequeños entren en accionares delictivos. Sin embargo, para el autor, la edad de imputabilidad no deja de ser uno de esos factores a discutir; es decir, si bien trae a debate otras cuestiones más estructurales o endémicas, insiste en la baja de la imputabilidad como un elemento esencial, que como afirma “suele perderse en estériles debates sin que se adopten las medidas necesarias”.

    Conclusión

    Es inadmisible que la creación de políticas contra la inseguridad esté ligada con la baja de punibilidad, ya que esto está en contra de los principios internacionales de la infancia. El Estado debe garantizar a todos los niños y adolescentes la satisfacción de sus derechos. “La baja no soluciona el problema de menores que delinquen”. La solución no radica en encarcelar a los menores como respuesta a la inseguridad, ya que de esta manera se está dificultando su desarrollo cognitivo.

    Anexo
    http://www.lanacion.com.ar/1979006-la-edad-de-imputabilidad-y-los-cambios-de-fondo

  25. Para este trabajo decidí abocarme a tomar dos notas subidas al tweets del Ministro de Justica Garavano Germán que es un actor coyuntural con relevancia en términos de definición política que claramente representa los intereses de los sectores pudientes de la Argentina. En torno a la primera nota publicada por el diario Clarín el 12 de febrero de este año en el cual se plantea y retomando a la ministra de seguridad Patricia Bullrich acerca de la “figura del tutor” que se encargue del control y sobre el poder de veto que restrinja la libertad de los jóvenes, este planteo claramente trasluce y retoma algunos aspectos de la ley de minoridad que como lo define Guemureman es una ley de resabio de la dictadura militar que supone un joven desde una peligrosidad social y no política. Retomando las clases se denota tensión entre leyes aspectos y los intereses que resurgen en torno a sectores sociales y lo cual hoy se ponen en disputa no solo en términos de los fueros sino también en como construyen las noticias día a día y manipulan información y estudios sobre la a la edad de imputabilidad. A su vez esta nota hace referencia a un menor despojado de derechos. En lo que respecta a la ley de promoción y protección integral de los derechos de niñas y niños, son sujetos de derechos y desde varios artículos realiza un planteo de resguardo de la niña / niño en cuanto a derechos. Se basa en un argumento débil de hacer mención sobre un caso de un chico de 16 años el cual tenía 25 reincidencias y que el estado no había intervenido. Las falencias acá planteadas tiene que ver más con la ineficacia de parte del estado con garantizar y dar respuestas acordes a las leyes 13 298 y 26061.
    En la segunda nota publicada por el diario la nación del 7 de febrero el cual titula “Según el ministerio de Justicia, el 26% de los delitos es cometido por menores”, encontramos otra vez el planteo de menores de manera intencional y tiene una clara carga del régimen penal juvenil 22278. Después hace mención al Sistema Nacional de información Criminal como fuente de información confiable, al cual recurro en pos de revisar esta información me encuentro con que es un libro publicado por el instituto de investigaciones “Homicidios Dolosos 2013” en el cual hace la presentación Zafaronni de estos estudios como informe consecutivo de investigación y por supuesto que no es certera al contrario en este libro da cuenta todo lo contrario que los que cometen delitos en su mayoría son mayores de 18 a 35 años sumaban a una 32,35 % de delitos cometidos. Esta información se basa en estudios realizados rigurosamente. Esta manipulación de la información construye sentido común en la población que responde a intereses sociopolítico culturales. Tomando a Saravi en cuanto a la vulnerabilidad y exclusión social y la relación con el espacio público resulta de una concentración y acumulación de desventajas de ciertos sectores de la sociedad. Y esta nota aporta a seguir fortaleciendo en este sentido.
    ANEXOS:
    http://www.csjn.gov.ar/investigaciones
    https://twitter.com/german_garavano?lang=es

    El Gobierno quiere crear la figura de “tutor” para controlar a menores que delinquen – Vía @PoliticaClarin

    Según el Ministerio de Justicia, el 26% de los delitos es cometido por menores
    El Gobierno buscará justificar con datos la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad
    Gabriel Sued

  26. Para analizar la cuestión de la baja de la edad imputabilidad y aportar a los comentarios realizados por las compañeras en el blog, decidimos tomar como referencia la nota periodística de http://www.laprimerapiedra.com.ar la cual trata al tema que hoy en día es preocupación de muchos sectores, pero a la vez es pensado como “solución” para otros, y este es la baja de la edad imputabilidad de los niños de 16 a 14 años.
    Siguiendo el artículo y apoyando lo que se expresa, generar estas ideas de baja de punibilidad en los niños es una triste demostración de mano dura y tolerancia cero para ellos. Pero en este mismo contexto no se debate por parte del sector que apoya la baja, la represión policial y la utilización de los niños por las fuerzas policiales para delinquir, la violencia que ejercen sobre ellos creyendo tener autoridad para hacerlo, la violencia no solo en la calle con los niños sino en las cárceles y comisarias también, lo triste a su vez es ver y escuchar personas que avalan este accionar y lo defienden o simplemente son testigos y no realizan nada al respecto.
    Pero no todos los sectores son acosados por la violencia policial, como platea Kessler “los jovenes de sectores populares han sido y continúan siendo victimas mas frecuentes de la violencia policial”. El vínculo que generan estos jóvenes con el sistema policial esta en constate tensión, es una puja constante entre los dos sectores. No solo ejercen la violencia física contra ellos sino que también existe una discriminación y estigmatización en el momento en que los frenan en la calle solo por el hecho de ser “sospechosos” por como van vestidos, o por los lugares que recorren, entre otros ejemplos.
    La nota plantea uno de los casos claros de la corrupción policial: “Los datos manifiestan un contexto de creciente violencia institucional, sostenido sobre un sistema penal discriminatorio y estigmatizante en el que las fuerzas represivas persiguen y utilizan a los jóvenes de los sectores populares. Ese fue el caso de Luciano Arruga, desaparecido y asesinado por la policía bonaerense en La Matanza en 2009, luego de negarse a robar para ella en una zona liberada.”
    A modo de cierre y siguiendo los aportes de Kessler, los jóvenes por parte de la policía sienten distintas formas de maltrato, abuso de autoridad y actitudes dirigidas a causar vergüenza y humillación como planteamos en el comentario y no se lo toma al joven como sujeto de derecho. Es por esto que nos resulta de suma importancia que el debate sobre la baja de imputabilidad siga teniendo fuerzas que luchen para que no suceda, y que como plantean las compañeras Sofia y Tamara en su comentario se creen políticas de protección de los derechos del niño para que esto no suceda, y que se pueda abordar desde otro lado la intervención, viendo al niño como un sujeto de derecho y que quede excluido el sistema penal como medio de intervención.

    Anexos:
    http://www.laprimerapiedra.com.ar/2017/01/baja-imputabilidad-la-nueva-politica-represiva/
    – Kessler, G. y Dimarco (buscar revista nº 23, Año 4) Disponible en http://www.vocesenelfenix.com/

  27. Perdón por la demora, estaba sin luz. Había mandado un comentario que no veo ahora publicado, consultando si obligatoriamente el trabajo debía ser sobre la discusión de la baja de la imputabilidad. Lo hice analizando una noticia, espero que sirva! Saludos.
    ______________________________________________________________
    Para el presente trabajo he decidido partir desde una noticia sobre los llamados “jóvenes en conflicto con la ley” y el tratamiento que hacen los medios de comunicación sobre el tema.
    Elijo una noticia de hace unos meses, y los medios que lo relatan son el Diario Hoy y el Diario El Día:
    http://diariohoy.net/trama-urbana/el-caco-muerto-en-60-y-115-tenia-17-anos-75942
    http://www.eldia.com/policiales/encuentran-muerto-a-un-menor-en-la-zona-de-1-y-60-159864
    No puedo dejar de detenerme inicialmente en el título del primer diario: “El caco muerto en 60 y 115 tenía 17 años”. En mi opinión este título como mínimo me parece muy poco serio para un medio de comunicación con la trayectoria y el reconocimiento que tiene este diario en la ciudad de La Plata. Pero hace años que el periódico dejó de sorprenderme con sus notas, que en lo que a mí respecta, son denigrantes, criminalizadoras, discriminadoras y antipopulares.
    Según Wikipedia, “caco” proviene del griego, y significa malo o malvado. Y aunque tiene que ver con el uso de la palabra que se le otorga hoy, podemos decir que ha variado con el correr del tiempo y particularmente en la sociedad argentina, en ciudades altamente urbanizadas como La Plata. Si tuviera que conceptualizar, aquí y ahora, qué quieren decir las personas cuando dicen “caco”, diría “chorro, negro, villero”, palabras que suelen ir juntas cuando se describe a los jóvenes de sectores populares.
    Esta idea, en la nota, se ve reforzada por el subtítulo que podemos ver en el video. El mismo reza “Encuentran a un menor muerto en 60 y 115: investigan si se trató de un hecho de inseguridad”. Es decir, el énfasis de la noticia está puesto en la culpabilidad de la víctima, en encontrar un hecho delictivo que avale o justifique tal final trágico para lo que nosotros vemos como un joven de 17 años, pero los editores ven como un delincuente en potencia.
    El otro periódico realiza el mismo tratamiento. Menciona varias veces al adolescente como el culpable de su propia muerte al decir que intentó robar a una persona, y ésta era policía. Como si se tratara de un golpe de suerte para los demás ciudadanos (para quienes no son policías) y como si este “error” que comete el joven fuera motivo suficiente para asesinarlo a sangre fría por la espalda.
    En este sentido, me parece oportuno relacionar esta situación con el artículo de Kessler y Dimarco, que trata justamente, las relaciones entre los jóvenes y las fuerzas policiales.
    El barrio “El Mondongo”, donde transcurre el hecho, hace ya varios años es definido por los vecinos y vecinas, y estudiantes que asisten a las facultades de la zona, como “zona liberada” a pesar de encontrarse Caballería justo donde se dio el suceso. Constantemente se realizan reclamos de mayor seguridad, aunque sin tener logros significativos. Se dan prácticas, como dice el artículo, “(…)de “parar e investigar”” a quien, según los agentes policiales, luce sospechoso o sospechosa. Claro está, estas sospechas son fundadas en la forma de vestir, cortarse el pelo o lucir de los jóvenes.
    Según los autores, estas son formas de hostigamiento y humillación, formas de microviolencia, y “cuando los jóvenes describen la forma en que se realizan esos controles no dudan en denunciar distintas formas de maltrato, abuso de autoridad y actitudes dirigidas a causar vergüenza(…)”.
    Sin embargo, el hecho de la noticia es entendido por Kessler y Dimarco como un caso de violencia extrema (“gatillo fácil”). Mi preocupación en este sentido, reside en que a pesar de las grandes transformaciones que hemos podido lograr del 2003 en adelante (y en estado de retroceso con el cambio de gobierno en 2015), los trabajadores de las fuerzas armadas siguen viendo su accionar como una “guerra contra el delito”. El componente bélico que le asignan a la realización de sus tareas, no solo justifica sino que reivindica la violencia extrema con que accionan en situaciones como esta. Y me asusta aún más, cuando pienso que si la policía debe batallar contra el delito, y los jóvenes de sectores populares son, para los medios de comunicación, las FFAA, y grandes sectores de la sociedad, delincuentes, entonces la guerra de la policía es contra los jóvenes. Jóvenes, no olvidemos, en situación de vulnerabilidad social, económica y cultural.
    Como segundo punto, quisiera analizar la categoría de “menor” utilizada por ambos diarios. Para esto tomo el texto de Dossier, que hace una distinción entre el tratamiento que realizan los medios cuando las situaciones de violencia involucran a jóvenes de clases marginadas y cuando se trata de adolescentes de clases medias o altas.
    El texto menciona la ley 22278 promulgada durante la dictadura, que se refiere a los “menores” como sujetos peligrosos, se encuentran en “situación de abandono” y representan un “riesgo moral o material” para la sociedad. De esta manera se concibe a los jóvenes desde el complejo tutelar.
    Los menores son los que protagonizan las situaciones de violencia típicas. Son los pibes “feos, sucios y malos”, son amorales. En cambio, los niños, los adolescentes o los jóvenes, son ricos, pulcros y actúan de acuerdo a las normas.
    Dossier menciona diversas noticias para ejemplificar el tratamiento de los medios. Cuando se trata de violencia interclase por parte de una clase más baja hacia una de mejor posición social “despierta consensos típicos de punición, o de castigo”. En cambio, cuando es al revés, los casos se presentan como hechos aislados, fuera de lugar, “errores”. Se les quita importancia, se desestiman. De una forma u otra se las ingenian para desrresponsabilizar a quien comete el hecho delictivo. Los menores no son jóvenes, no son niños, no son adolescentes. Son menores. Son delincuentes.
    Para finalizar, y citando a Saravi, “Los múltiples factores y procesos que pueden desencadenar las desventajas(…) emergen como tema central(…) para incrementar nuestra capacidad de anticipar procesos de exclusión social”. Me parece sumamente interesante para reflexionar sobre el tema. Como un primer momento, pensando enclave de ventajas y desventajas, oportunidades y falta de oportunidades, para entender las dificultades que conlleva vivir en un barrio, ser parte de los marginados. Y en un segundo momento, me resulta muy valioso que podamos comenzar a analizar de qué maneras, como parte de la sociedad, como militantes políticos y como profesionales comprometidos, podemos repensar las maneras en que podemos, como dice el autor, anticipar los procesos de exclusión.

  28. Hola! ante todo pido disculpas por el retraso, pude leer los comentarios anteriores centrados en la edad de la punibilidad , aunque sólo me aparecen 3 y no sé si es que no se me ha actualizado el blog, o qué es lo que sucede.
    El día de la fecha fue altamente significativo para poder seguir la discusión sobre la baja, dado que tanto a nivel local como nacional se han convocado a actividades para ejercer presión e instalar el “NO A LA BAJA”.
    Por un lado coincido totalmente en el rol preponderante que tienen los medios de comunicación en la construcción de “peligros de la sociedad” que están claramente identificados con los jóvenes varones de sectores populares. Estas contrucciones trascienden los medios y se traducen en prácticas concretas y cotidianas de estigmatización, miedo e inseguridad a esos jóvenes. Esto marca algo así como el “clima social” que presiona porque se “haga algo”, es decir que se ponga en agenda pública. La respuesta que se ha dado a nivel de políticas públicas se encuentra fuertemente focalizada a las llamadas “politicas de seguridadad” siendo las mas claras el incremento de policías, de cámaras de seguridad y patrullero. el proyecto de ley del que se esta discutiendo va muy en sintonía con este tipo de políticas y también con otro paquete de leyes como la reforma de la ley 24.660, Ley de excarcelaciones, la de inmigrantes que en definitiva no hacen más que develar el espiritú de todo este conjunto de medidas de reforzar el sistema represivo y punitivo del Estado.
    Ahora bien, también dentro de este campo se encuentran una multiplicidad de actores con intereses diamentralmente opuestos a los expresados en el párrafo precedente – como organizaciones políticas, sociales, programas, facultades- que seguramente no estén en una posición hegemónica, pero que de manera organizada pueden disputar este tema poniendo en envidencia los intereses que persiguen, ligados a la no criminalizacion de la juventud ni de la pobreza y a la exigencia al Estado a que intervenga garantizando los derechos de los jóvenes.
    Todavía quedan varias disputas que dar con este tema que tanto han instalado los medios de comunicación pero -y esto creo es algo increiblemente bueno- ante determinadas situaciones críticas, nos volvemos a encontrar, a debatir, a pensar estrategias de comunicación y de intervención, a crear consignas, documentos a organizar festivales y a un sin fin de actividades que comiencen a generar mayor sensibilidad y adhesión porque no se baje la edad en la imputabilidad.
    Saludos!

  29. Hola, pido disculpas por la demora no pude mandarlo antes debido a que estaba sin luz y no tenia internet.
    Siguiendo el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad y lo trabajado hasta ahora en el seminario me parece importante tomar una publicación de Pagina 12 que agrego en el anexo tratando las distinciones que se realizan sobre los jóvenes por su posición social.
    Según lo expuesto por Silvia Guemureman en el texto “Los unos y los otros” se generan diferenciaciones de acuerdo a la clase social perteneciente del acusado. “Cambiaron las épocas, cambiaron los fantasmas, cambiaron los temores, cambió la economía general de miedos, pero los pibes “feos, sucios y malos” siguieron siendo destinatarios de conceptos estigmatizantes, siguieron
    siendo demonizados y siguieron siendo gobernados por
    el sistema penal, la coerción y el control, y los jóvenes
    ricos, pulcros y portadores de estatus sociales reconocidos,
    siguieron siendo tratados a través de la reconversión
    de casos “criminales” en casos sociales, la licuación
    de los homicidios en “excesos”, la “penalidad líquida” y
    la dilación judicial.”
    Me parece importante agregar, desde mi opinión, que la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad es totalmente negativa para los jóvenes en discusión, ya que solo profundiza la estigmatización de los mismos. Es importante que se siga trabajando en este debate y como ya nombraron muchas compañeras en comentarios anteriores se creen políticas de portección de los derechos de los niños, viendo al niño como un sujeto de derecho.

    ANEXO:
    https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/235941-66163-2013-12-18.html
    http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/SOCIALES-85-GUEMUREMAN.pdf

  30. Como nota para seleccionar un punto de vista, señalo la posición en que se coloca la Iglesia. La cual se opone a la baja de la edad, y propone una corresponsabilidad de todos los sectores; que se mejoren los institutos de menores, que no sean escuelas del delito, sino que sean espacios de educación y contención para los jóvenes, y que éstos no sean solo vistos como enemigos sociales.
    Mi punto de vista es diferente al resto, yo opino que estoy de acuerdo a la baja, porque no considero que los condenemos a los mas chicos a lo peor, creo que se merecen que sean incorporados a la ley, que se los tenga en cuenta, y que puedan tener los mismos derechos y garantías que los jóvenes de más de 16 años; que tengan derecho a un abogado defensor y todo lo que corresponda al debido proceso. Pero también considero que no solamente sea una reforma cortoplacista, sino que se considere mejorar los institutos como opina la Iglesia, que son insuficientes y que muchas veces, la mayoría no cumple con los roles y objetivos que se proponen desde la ley. Siento y pienso que la ley hay metas que no se lograron y que la mayoría de la sociedad no piensa como ésta, todo lo contrario, la mayoría de los adultos los ven como enemigos y delincuentes a los jóvenes, y no como personas que tienen derechos vulnerados.
    Me parece interesante relacionar esto primero que nada tener como base la ley penal juvenil. Y tambien señalar el texto de Medan, donde se puede relacionar el programa que se plantea con jovenes donde tienen un espacio de contencion, ayuda, donde son entrevistados por diferentes profesionales sobre sus miedos, inquietudes.
    Se tiene en cuenta los conceptos que fuimos trabajando en las clases, y por eso pienso que es necesario encarar una perspectiva diferente. Si bien, estoy de acuerdo a la baja de la edad, hay que tener en cuenta los diferentes intereses que se cruzan. Pensar en cualquier sujeto que sufre de un robo o un acto delictivo, como tambien pensar las causas de ese hecho, quienes son los que participan, como piensan las consecuencias. No hay que generalizar todos los delitos, ni todos los jovenes para que no se transforme en algo natural.

    Link de la nota: http://www.notiexpress.com.ar/index.cgi?mod=contentFront&_wf=true&accion=get&comando=article&articleId=239627&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  31. http://cosecharoja.org/adolescentes-detenidos-sin-condena/

    Como muestra el informe periodístico de Cosecha Roja, el estado argentino utiliza mecanismos que se sustentan en las nociones de control social, complejo tutelar y riesgo para determinar las directrices que guían tanto los procesos judiciales como institucionales a los que se somete a los niños,niñas y adolescentes que ingresan al circuito penal.

    -Sólo el diez por ciento de los adolescentes privados de la libertad recibió una condena. La mayoría de ellos fueron acusados por robo o tentativa de robo y tiene entre 16 y 18 años. El 10,5 por ciento restante no llega a la edad de imputabilidad pero está preso, según un informe publicado por UNICEF y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). “El sistema penal de menores es totalmente arbitrario y necesita una reforma que garantice los derechos de los chicos”, dijo a Cosecha Roja Karina Valobra, integrante de Asociación Civil Juguete Rabioso.

    El alarmante dato que solo el 10 por ciento de los jóvenes privados de su libertad recibió condenas , se traduce en mecanismos que implementa el Estado mediante el aparato coercitivo como mediante las instituciones de consenso para mantener el orden social establecido. El estado y sus instituciones despliegan procesos sociales y métodos impuestos de comportamiento y accionar sobre los sectores de la población a los que reconoce como “desviados” o “peligrosos” por cuestiones de etnia, ideológicos o de clases dependiendo del contexto socio histórico. En la actualidad Latinoamericana los principales responsables de los “males” de la sociedad son los jóvenes de los sectores populares y es sobre ellos y sus familias que se vuelca la responsabilidad de una problemática social que tiene su génesis en la distribución desigual del capital social, simbólico y cultural. El encierro como solución a problemáticas complejas de carácter socio económicas, es explícitamente una arbitrariedad punitiva ejercida desde el propio estado sobre cuerpos de niños y adolescentes. Con los mismos objetivos, pero de forma implícita la omisión de la responsabilidad por el sector ejecutivo también reafirma la idea de “la mano dura de la justicia” como disciplinamiento social a quienes hace décadas se encuentran al margen de las relaciones sociales de producción y consumo.

    -El 89,5 por de los chicos acusados no tiene una sentencia y está detenido por “medidas tutelares” dictadas por la Justicia. “Es un sistema completamente irregular y abusivo: el juez tiene facultades extraordinarias, la defensa es débil y el Estado mantiene una mirada inquisitiva”, dijo Valobra.

    Si bien constitucionalmente el estado argentino adhiere a las principios de la CIDN, aun está vigente a nivel federal el Régimen Penal de Minoridad, que refiere al complejo tutelar dictadas durante el gobierno de facto. Que comprenden al niño como sujeto de tutela y no como sujetos de derechos con posibilidades de decisión y derecho a la escucha. Si bien en los estados provinciales existen avances normativos y practicas integrales dirigidas a niños, sigue siendo hegemónica la concepción de tutela de los jueces sobre jóvenes que se encuentren en “riesgo moral o material” por la “desviación” de sus núcleos familiares. Resolviendo así, problemáticas de tipo socio- habitacional con sanciones de privación de la libertad. Desplazando la responsabilidad del poder ejecutivo hacia el poder judicial.

    -UNICEF y SENNAF recomiendan que la justicia “expanda las ofertas alternativas” a la privación de la libertad. “Si el chico necesita educación que se refuerce la educación, si necesita un asistencia, becas, trabajo que se refuercen las políticas específicas. Como estrategia contra el crimen, la cárcel es un fracaso, la puerta de acceso al mundo tumberil. En la mayoría de los casos, se trata de la primera política del Estado hacia los chicos en situación de vulnerabilidad”, dijo Valobra.

    La noción de “riesgo” en las practicas institucionales y judiciales se refiere a una responsabilizacion del sujeto por no realizar las trayectorias de vida socialmente establecidas, sin visualizar que la génesis de esas trayectorias “desviadas” reside en la vulneración de derechos por parte del mismo. En relación a garantizar el acceso a la educación, salud y al trabajo, la constante vulneración de derechos por parte del estado en prácticas concretas, y por la sociedad civil en imaginarios sociales y determinaciones culturales que criminalizan y estigmatizan a los jóvenes de los sectores populares.

  32. Para nuestro análisis en cuanto a la baja de la imputabilidad, tomamos como referencia a no a la baja los siguientes actores:
    Por un lado a la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) que cuestionó la intención del Gobierno de impulsar una discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad de menores.
    También diciendo que el actual Presidente tendría que haber empezado el año con el propósito de mejorar la escuela secundaria y no el de meter más chicos presos.
    Además, indicó que “la mejor política frente al delito y las víctimas es tratar de evitarlos”. “No sirve un Estado que siempre va por detrás”.
    Otros de los actores es Pedro Robledo, el subsecretario de Juventud de Nación que se mostro en los medios en contra de los proyectos que postulan que “meter a un chico en una cárcel a los 16 años va a mejorar la seguridad, o sea en contra de la baja de la imputabilidad.
    A favor de un “Estado presente” que busque “una redistribución del ingreso” Robledo criticó la influencia de los medios en la discusión sobre la seguridad: “No me parece que por dos o tres titulares pensemos que meter a un chico en una cárcel a los 16 años va a mejorar la seguridad. Vamos a tener menos violencia con pavimento, luz y cloacas”.
    Otro de los actores que se encuentra en nuestra ciudad, es la Universidad Nacional de La Plata, donde la pro secretaría de Derechos Humanos de dicha Universidad, convocó una reunión de discusión sobre el debate impulsado desde la Nación para la creación de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que derogue la Ley 22.278/80 de la última dictadura cívico-militar. Teniendo una fuerte postura de no a la baja de la imputabilidad.
    Desde la prosecretaría se señaló que “existen experiencias en otros países, donde se bajo la edad de la imputabilidad, que claramente muestran que esa medida no incide en la baja de la comisión de delitos y además implicaría una regresividad respecto de los derechos garantizados por la legislación vigente en nuestro país”
    Los docentes investigadores y extensionistas que participaron del encuentro concluyeron en:
    • Bajar la edad de imputabilidad no es conveniente en tanto no contribuye a solucionar la problemática de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley.
    El último de nuestros actores que se pronuncia en contra de la baja de la imputabilidad es Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete, que ante la propuesta de Martín Insaurralde de la bajar a 14 años de la edad de la imputabilidad, dijo en un medio de comunicación, “yo tengo una posición muy clara al respecto, no votaría una cosa de esas, de bajar la imputabilidad”
    En cuanto a los actores que se pronuncian a favor de la baja de la imputabilidad, encontramos al ministro de Justicia, Garavano, que destacó que “más allá de cómo salga” la iniciativa oficial, la discusión será “resuelta por el Congreso”, defendiendo la baja de la imputabilidad.
    En cuanto a la baja de la edad de imputabilidad, sostuvo que “lo ideal sería avanzar hacia un esquema de lo que se llama ‘Carga dinámica de prueba’, que tiene que ver con la posibilidad de que fiscales y defensores sean los que demuestren si el joven comprendía o no la criminalidad del acto”.
    Por otro lado, el Colegio de Abogados respaldó que se baje la edad de la imputabilidad de 16 a 14 años.
    El presidente de dicho Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, respaldó esa posibilidad. “Estoy de acuerdo porque no es lo mismo un chico de 14 hoy que hace 30 años, pero creo que debe ser un punto dentro de un conjunto de medidas”.
    El abogado advirtió que hoy en día “un menor que va a un instituto reformatorio sale peor, ahí lo prepara para delinquir más” y reclamó una reforma integral.
    También, el periodista Feimann, se proclama a favor de la baja de la imputabilidad, diciendo “menor que mata, menor que paga”. Escribió en su cuenta de Twitter, “Adelante con la ley de baja de edad de imputabilidad. Quién sabe lo que es matar, sabrá lo que es pagar por ese crimen”, dejando a la vista su postura en cuanto a este debate, con este y otros “tuits”.
    Y por último el vicepresidente del PJ, Daniel Scioli , se mostró a favor de la propuesta del Gobierno al recordar que desde 2008 reclama “abrir una discusión para consensuar una nueva ley penal juvenil” y bajar la edad de imputabilidad de menores en delitos graves.

    Una vez mencionado los distintos actores en contra y a favor de la baja de la imputabilidad, el análisis que hacemos nosotras es que, por una lado los encontramos en contra de la baja de la imputabilidad, ya que por un lado, si se baja la edad de los niños de 16 a 14, estaríamos como país retrocediendo en cuanto a derechos y garantías de los niños, ya que dicha edad había sido propuesta por la dictadura que se dio en nuestro país en 1976.
    Así dejando a nuestros niños desprotegidos y sin ningún derecho a ser oídos, y estaríamos no tomando los aportes de la Convención Internacional sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

    Pizzagalli, Rocío
    Resca, Agustina

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