Antecedente del Parlamento Abierto en América Latina: Declaración de Santiago (2012)


Por Celeste G. Box

 
 

La ‘Declaración de Santiago‘ sobre Transparencia y Probidad en el Congreso Nacional y el Sistema de Partidos (Santiago, 2012) [permalink cátedra] es, sin dudas, uno de los antecedentes formales ineludibles para la construcción de un Parlamento Abierto en nuestra región.

La declaración es producto del Seminario Internacional sobre Probidad y Transparencia en el Congreso Nacional y en el sistema de Partidos Políticos realizado en enero de 2012 en Santiago de Chile. El encuentro tuvo como objetivo general la conformación de una instancia de análisis de los principios de probidad y transparencia que se aplicados a parlamentarios -así como al sistema que regula los partidos políticos- desde el propio Congreso Nacional. Este evento de trascendencia regional y continental, contó con el patrocinio del Banco Mundial; la Unión Europea (Programa de Apoyo a la Cohesión Social UE-Chile); la Embajada de los Estados Unidos de América en Chile; la Fundación AVINA e IDEA Internacional (para el caso de la colaboración gubernamental chilena, se contó con la Cámara de Diputados, el Ministerio de RREE; el Consejo para la Transparencia, las Embajadas británica, canadiense y noruega; y por último Chile Transparente.

 

La manera de concretarlo recorrió la aplicación al Cuerpo legislativo de las normas sobre transparencia activa de la Ley de Acceso a la Información Pública, junto con la incorporación en la Ley Orgánica del Congreso de las entonces flamantes Comisiones de Ética y Transparencia. A esto se sumaron anuncios en la agenda legislativa nacional sobre reformas políticas acerca del papel de los parlamentarios legisladores y como dirigentes de partidos políticos (recordemos que la declaración también concierne a la probidad de los partidos, sobre todo en la democracia interna y a los mecanismos de control vinculados al financiamiento público que pueden recibir). El seminario resultó, también, una respuesta al llamado de la comunidad internacional de la necesidad de reforzar las acciones concretas de transparencia en los órganos del Estado y participación de la sociedad civil en la toma de decisiones pública (por supuesto, acorde a los tratados internacionales -Convención Americana de DDHH y Constituciones de los Estados Americanos-, resoluciones y declaraciones bi y multilaterales -como la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de la ONU contra la corrupción, la Declaración de Gobierno Abierto de la OGP-; como mecanismos de seguimiento). Por eso el Senado convocó a diferentes actores nacionales e internacionales pertenecientes a organismos internacionales, ámbitos académicos, organizaciones de la sociedad civil (OSCs). Concurrieron representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); la Organización de Estados Americanos (OEA); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello y la Biblioteca del Congreso Nacional (de nuestro país concurrió el Licenciado Hernán Charosky -Poder Ciudadano, capítulo de Transparencia Internacional en la Argentina-, y la Doctora Paula María Bertol -por entonces diputada por el PRO-). El Seminario también constituyó una red para seguir analizando la problemática de manera articulada y permanente más allá de los esfuerzos individuales de los participantes. 

 

Entre las actividades, se discutió sobre transparencia y probidad en las dos instancias del ejercicio democrático y republicano (partidos políticos y Parlamento). Los temas concretos fueron representación política, revisión de diversos modelos de regulación de la transparencia y probidad, buenas prácticas comparadas, estándares de conducta, acceso a la información, gestión institucional de los organismos internos o externos que deben velar por la ética y transparencia, análisis de la política de datos abiertos y estudio de las redes de integridad parlamentaria; revisión del funcionamiento de partidos políticos (transparencia en su actividad, democracia interna, lobby y conflictos de interés, financiamiento y mecanismos de control del gasto).

 

Este trabajo concluyó con la Declaración, que sin dudas, es uno de los antecedentes orgánicos y específicos más valiosos en la construcción de una tradición, una batería de antecedentes formales y una sinergia de diferentes instituciones para la concreción de un Parlamento Abierto latinoamericano. En ella encontramos el exhorto a los Poderes Legislativos de la región para el establecimiento de reglas claras en las conductas y conflictos de interés, transparencia patrimonial, tráfico de influencias, asignación de recursos, accountability, y acceso a la información pública. También a la creación de comités de regulación de ética, una batería de buenas prácticas (referidas como ‘conductas aceptables’) y la apertura al contralor ciudadano. Entre otras recomendaciones más, encontramos por último la creación de la red parlamentaria regional (para entonces ya existía la RLTL), y, seguramente lo más importante para nuestro interés en la apertura: el pedido ante la OGP de una línea de trabajo relativa al Poder Legislativo, la que hoy por hoy devino en el prolífico Grupo de Trabajo de Apertura Legislativa (LOWG, por sus siglas en inglés).

 

Cito especialmente estos avances (LOWG) porque quienes trabajamos en temas de transparencia padecemos usualmente del sesgo pesimista: vemos todo lo que falta y pocas veces nos detenemos en los avances. Pocas veces evocamos dónde estábamos. Desde la Declaración de Santiago a esta parte, es innegable que avanzamos.

 
 

 
 


Acerca de Celeste G.Box

Politóloga. Diseño y drección Cátedra Libre Gobierno Abierto (UNLP) | #GobiernoAbierto #ParlamentoAbierto #SocialMedia en la AAPP | Contacto personal: mcgb_br@yahoo.com.br ~ Twitter @CelGBox ~ Skype mcgbox

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