Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública en Argentina: Nuestros comentarios


 
 

El pasado martes 19 de abril participamos, como actores de la sociedad civil, de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se recibieron aportes de múltiples organizaciones, acerca de la propuesta de Ley de Acceso a la Información Pública del gobierno nacional (disponible en nuestro permalink). Los temas planteados fueron diversos: plazos, independencia de la Agencia de AIP, temas alcanzados, disposiciones sobre archivística, conservación y formatos (entre otros). Aquí dejamos nuestro borrador, con una salvedad: dado que fue entregado con posterioridad a la reunión con la CAC, en lo que sigue fueron depurados: 1) los puntos que creíamos perfectibles del Proyecto pero que fueron insistentemente expuestos por otros actores de la sociedad civil, y 2) algunos puntos donde sólo hicimos sugerencias menores y casi de forma (para que este post no resulte extenso en exceso).

 
 

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Devolución Final sobre proyecto Ley Acceso a la Información Pública (0008-PE 2016)

(Reunión Comisión Asuntos Constitucionales, 19/IV/2016)

 

  • Plazo (Art. 11): Quince días máximo parece demasiado, más aún si este lapso cuenta ya con la posibilidad de una prórroga. Creemos que siete -máximo diez- días hábiles, resulta óptimo. Nuestro apremio por la celeridad se basa en que la dilación es una de las estrategias más usadas para la opacidad.
  • Dirección Agencia Acceso a la Información Pública (Art. 21): Confirmación (es decir, designación) y remoción a manos del PEN deja en interdicción la independencia de la AAIP. Creemos -y no podríamos ser más enfáticos en esto- que la designación/remoción debe contar (cuando no recaer por completo) en el Congreso. Si tal responsabilidad recae en el Legislativo, pero aún la remoción sigue como atribución del PEN, la independencia sigue vulnerada sin que se vea compensada por la duración del cargo superior a la del PEN. Con respecto al (Capítulo IV): (Art. 24): En d) ‘Implementar una plataforma tecnológica para la gestión de las solicitudes de información y sus correspondientes respuestas’. Sugerimos implementar esta plataforma con la información en tiempo real (o lo más actualizada posible -en términos informáticos es muy simple de implementar-). Es decir, cada vez que se solicite un pedido de AIP a un sujeto obligado, esa información debe estar exhibida en la página de la AAIP con: fecha, materia (descripción general), organismo, estado (en proceso/entregada/etc) pero sin ninguna referencia personal del solicitante. Es determinante el campo de ‘estado’ de la solicitud porque permite consignar denegatorias o cualquier otro acontecimiento funcional a la opacidad (esto desincentivará a tomar este camino y la premura del tiempo real también hará públicas inmediatamente las dilaciones (sin reparar en que el requirente haya reclamado -o no- la demora). Los pedidos ya concretados también deben ser fácilmente recuperables en el sitio (sin perjuicio que esta información también se utilice luego para hacer índices periódicos como se menciona en (i), o informes anuales, etc.).
  • Responsables AAIP (Art. 30): ‘Los RAIP son nombrados por el sujeto obligado’. Esto reviste un problema en la dinámica de la gestión pública nada menor, porque vulnera el ejercicio fluido del derecho de AIP. Este nombramiento deja al RAIP a cargo del propio sujeto obligado -probablemente un empleado/a ya en actividad que se designe a esta tarea-, quein puede ver dificultada su labor de pedir (exigir) información a su propio jefe, además de poder ser presa de las prácticas de una organización en la que tal vez ya esté empleado… Proponemos, en cambio, un equipo mixto: un RAIP designado por la AAIP (con un perfil adecuado), que integre un equipo con una, dos -o las personas que fueren necesarias- designadas por el sujeto obligado. Por otro lado, sobre el Art. 31: En ‘f) promover prácticas de transparencia en la gestión pública y de publicación de la información’, teniendo en cuenta la vaguedad que implica la idea de ‘promoción de prácticas’, creemos que puede pensarse en alguna responsabilidad o ‘función pivot’ entre la oficina de Gobierno Abierto (ya existente o en implementación en la gestión corriente) y la implementación del Título II de esta ley. Estas dos áreas deben estar articuladas formalmente. 
  • Transparencia Activa (Título II): Destacamos especialmente esta inclusión, dado que facilitará la implementación de un gobierno abierto digital (de hecho, implica una suerte de ‘protocolo’ para él y resulta útil para la ingeniería de herramientas informáticas que conllevan los Portales de Transparencia, por ejemplo). Creemos determinante la publicación de DDJJ de los sujetos obligados (s), pero lamentamos la falta de instrumentación de declaraciones de interés (o bien, de algún mecanismo básico, inicial, que implique un avance en este sentido)

 
 

Componentes del proyecto de la DN Karina Banfi (Expte 6593-D-2015 || 16/II/2016) [permalink]

 
 

Creemos que estos componentes, incluidos en el Proyecto de la DN, deben incorporarse al Proyecto definitivo. La razón de ello se consigna al final de cada ítem:

 

  • La Ley AIP debe mencionar explícitamente en su objeto (Art. 1°) “el estímulo de la re-utilización y creación de valor a partir de la información pública y la promoción de la rendición de cuentas de los funcionarios públicos”. Razón: la tecnología es un vector que atraviesa a esta ley y que, en el mediano plazo, acelerará muchos de sus procesos e incluso puede dejar sin uso algunos de sus aspectos (no hay que alarmarse por ello: si la ley está dotada de sólidos principios y líneas de acción generales -amplias pero a la vez anclables- podemos sostener su total vigencia allende los progresos tecnológicos). La reutilización y la creación de valor a través de la información (no sólo de los datos) dá cuenta de la dimensión de participación que implica el AIP. En cuanto a la rendición de cuentas, ésta representa, en términos conceptuales, no sólo la puesta a disposición de la información pública, sino dos cuestiones más: 1) la obligación de los administradores públicos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y justificarlas en público (usualmente conocida como ‘answerability’), y 2) capacidad de sanción a los responsables que no se adecúan a lo primero (Schedler, 2008).
  • En el glosario, para ‘Información Pública’, se menciona ‘los respectivos funcionarios a cargo de entregarla, preverán su adecuada organización, sistematización y disponibilidad’. Razón: Es preciso mencionar que la información debe estar organizada bajo algún criterio (que los RAIP conocerán y podrán explicar). A medida que la información se haga disponible -y siga creciendo, gracias a la posibilidad que brinda la tecnología en la sociedad informacional en la que vivimos-, los criterios de síntesis, presentación y organización se harán necesarios. La garantía para que esto resulte en practicidad y no en opacidad reside en las competencias del RAIP (que debe conocer este sistema, perfeccionarlo e implementarlo con celo). Por supuesto, deberá producir manuales y toda la información necesaria para hacerlo comprensible a su equipo y a la ciudadanía. Vale una mención más: nos referimos a la información no estructurada (no a datos abiertos que requieren esta cualidad para ser ser legibles por máquinas).
  • Del Art. 57 (…) La ley entrará en vigencia a partir de los 180 días de su publicación en el BO, no obstante lo cual entra en vigencia a los 190 días de no haber promulgación en plazo establecido. Razón: los plazos del Proyecto 0008/PEN/2016 son extensos, y esta Ley implica saldar una deuda con la ciudadanía que reviste décadas.
  • Del Art. 59: En todo pliego y contrataciones realizadas por el Estado debe agregarse una leyenda que explicite las condiciones de acceso a la información pública. Razón: creemos que esta cláusula debe ser incorporada en los pliegos y contrataciones, como en todo documento en que proceda incorporarla. Sugerimos sea el RAIP -quien conocerá los procesos de gestión del sujeto obligado- quien establezca cuáles otros documentos deben incluirla.
  • Principios que deberían ser consignados de manera explícita: presunción de publicidad, relevancia, máxima apertura y divulgación, alcance limitado de las excepciones, informalidad, sistema de tachas, responsabilidad de los funcionarios públicos, conservación, In dubio pro petitor, interés público superior. Razón: los principios -por su cualidad- se justifican en sí mismos, pero hay una razón operativa, muy práctica: estos principios consignados en la Ley permiten a quienes implementan estrategias de gobierno abierto (en términos tecnológicos) desarrollar herramientas que tengan en cuenta la máxima apertura (organizada). Sobre todo, porque la tecnología avanzará en el corto/mediano plazo, y los principios pueden lograr que compensemos zonas no contempladas en la ley bajo los esquemas tecnológicos actuales.
  • En el proyecto de Banfi existe un componente muy particular como es ‘promover dentro de su organismo prácticas en relación al mantenimiento, archivo, conservación’. Razón: el AIP es un proceso en el tiempo. Sin información pasible de poder accederse -es decir, que se mantenga íntegra a lo largo del tiempo-, el derecho queda vedado. Por eso el tratamiento, la archivística y la preservación resultan imprescindibles.
  • Otro factor determinante: la ‘divulgación a través de cursos educativos en las escuelas primarias y secundarias para la promoción de la transparencia, el derecho AIP y los datos abiertos en la administración pública’. Razón: estas actividades son el germen del cambio de mentalidad en nuevas generaciones (las viejas generaciones sólo podemos estimularlas con información de difusión simple acerca de las ventajas del AIP). Este es un modo activo y preciso de dotar a las nuevas generaciones de la visualización de un derecho y las maneras de ejercerlo, con el fin de apreciar la necesidad imprescindible de exigirlo en el tiempo. Es, en esencia, una manera concreta de mantener entre las demandas ciudadanas fundamentales, la necesidad del derecho de AIP. Es, de manera mediata, una manera de que la Ley no devenga letra muerta a lo largo de las generaciones: un derecho que se desconoce, no se aprecia, y menos se demanda ejercerlo.

 
 

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