Gobierno abierto y participación ciudadana en México


Por Mario Alberto Fócil Ortega

 

México es uno de los ocho países pioneros de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), lanzada en septiembre de 2011, como un esfuerzo multilateral por lograr compromisos de los gobiernos en materia de: transparencia, combate a la corrupción, rendición de cuentas, uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en favor de la gobernanza y, participación ciudadana.

 

La participación ciudadana, entendida como la integración de la sociedad civil en la definición, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, mediante mecanismos que le permitan incorporarse sin pertenecer al gobierno o a partidos políticos es un elemento central de la gobernanza. Podría afirmarse que estamos aun transitando de la democracia representativa a la democracia participativa y que ésta, no se agota en los procesos electorales sino que implica que la sociedad hace valer su papel como propietaria de su gobierno.

 

En México, forman parte de la AGA ocho Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) las cuales se han involucrado en la elaboración y puesta en marcha de los planes de acción 2011-2012 y 2013-2015; estas OSC atienden temas variados: transparencia presupuestaria, combate a la corrupción, evaluación de la gestión pública, por mencionar algunos; cada una de ellas cuenta con una prestigio profesional bien ganado e inciden de manera importante en la definición de la agenda pública del buen gobierno. Sin embargo, pareciera que en el caso mexicano, esta participación de las OSC pudiera resultar insuficiente. La participación ciudadana que, al menos desde mi entendimiento, busca la AGA es algo mucho más profundo.

 

En mi opinión, lo que el Gobierno Abierto persigue al hablar de participación ciudadana, es una democracia interactiva, para conformar un dialogo permanente entre ciudadanía y gobierno, que permita no sólo tener el pulso y la percepción de la sociedad, o conocer su opinión sobre tal o cual programa o política, sino que vas mucho más allá; el Gobierno Abierto pretende precisamente la construcción de esa democracia interactiva para brindarle al ciudadano y a la sociedad en su conjunto, todos los elementos e información que requiere para su toma de decisiones cotidiana, para que pueda acceder a la información pública desde datos abiertos, para que empresas y ciudadanos puedan formar parte de la gestión pública en el día a día.

 

En México vivimos 112.3 millones de personas, según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, que elabora el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). La composición de la población mexicana es heterogénea, por señalar un ejemplo nuevamente con datos del INEGI, en 2012 la población que se considera indígena ascendió a 15.7 millones, de los cuales 6.6 millones son hablantes de una lengua autóctona. Si se desagregan más los datos del número total de habitantes por edades, sexo, ubicación geográfica, condiciones socioeconómicas, etc., resulta evidente que ocho OSC especializadas en aspectos concretos de la gestión pública no son representativas del enorme mosaico de intereses y necesidades que constituye la sociedad mexicana.

 

En materia de Gobierno Abierto, lo que se busca es una relación directa ciudadano – gobierno, sin intermediarios; sobre todo en dos aspectos básicos: gobierno electrónico (trámites electrónicos) y datos abiertos. En el caso particular de México, el reto que enfrenta el Gobierno Abierto y la participación ciudadana, atraviesa varios factores que deben ser cuidadosamente analizados y resueltos:

 

  • Inclusión digital, la tecnología puede convertirse en un factor de inclusión social o de profundización de las brechas, por ello es necesario avanzar de manera firme en dotar a la población de todos los estratos socioeconómicos y en cualquier lugar del país de la posibilidad de acceso a la tecnologías de la información y comunicaciones.
  • Reingeniería de los trámites y servicios que mayor impacto tienen en la población y convertirlos en trámites electrónicos. Cabe hacer mención que se han iniciado los esfuerzos por concentrar todos los trámites que el ciudadano realiza frente al gobierno federal, o al menos una buena parte de ellos el portal www.gob.mx; sin embargo, éste aún presenta diversas áreas de oportunidad que deben ser atendidas para lograr el objetivo que se busca, pues en la mayoría de los casos simplemente se cuenta con información sobre los trámites en cuestión y solamente en unos cuantos se ofrece la posibilidad de realizar el trámite en línea. Enlistar trámites en un portal con toda la información de sus requerimientos es claramente insuficiente, pues ello no cambia la relación del ciudadano con su gobierno.
  • Al unificar todos los portales gubernamentales existentes en un solo, sin un criterio homogéneo respecto de la información que éste último debe contener, se ha vuelto más complejo para la ciudadanía en general, y el público especializado en lo particular, el acceso y consulta a la información relevante que los portales específicos de cada dependencia venían ofreciendo, lo cual en sí mismo pareciera poco congruente con la filosofía de Gobierno Abierto, y en concreto con la utilidad de contar con datos abiertos y la rendición de cuentas.
  • Avanzar en contrataciones abiertas y obra pública abierta es condición sine qua non para fortalecer el combate a la corrupción, hacer un uso más eficiente de los recursos públicos y transparentar la gestión pública. Al igual que sucede con los trámites electrónicos, debe hacerse un rediseño de los procesos de adquisiciones y obra, e incluso sin una reingeniería organizacional de las áreas encargadas de dichos temas, que incorporen: datos abiertos, lenguaje ciudadano, la posibilidad de una contraloría o testigos sociales, información de los procesos en tiempo real, entre otros aspectos. Mientras no suceda lo anterior, las compras y la obra pública abierta son solamente una buena intención.

 

La participación ciudadana que busca la AGA, va más allá de un simple enunciado o del tradicional rol de opinar o votar sobre algún tema, programa o decisión. Las OSC son una condición necesaria, más no suficiente, para avanzar en este proceso.

 

La participación en el Gobierno Abierto significa la devolución del gobierno a sus propietarios originales: los ciudadanos; para que a través de las nuevas tecnologías a su disposición se pueda mejorar su calidad de vida, auto gestionar y resolver sus problemas cotidianos, colaborar con otros ciudadanos, ser parte de los procesos decisorios, informarse del uso de los recursos, evaluar programas y calificar la gestión gubernamental. En esta ruta deben orientarse las siguientes acciones en materia de Gobierno Abierto para el caso mexicano.

 

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